En un caso que resalta los peligros de los procedimientos estéticos ilegales, Edwin Antonio Correa Martínez ha sido condenado por el presunto homicidio de un hombre en diciembre de 2020. Correa Martínez, quien no era profesional de la medicina ni especialista en tratamientos estéticos, habría inyectado biopolímeros en los glúteos de la víctima en una residencia del barrio Buenos Aires.

La víctima experimentó complicaciones de salud horas después del procedimiento y falleció en un centro médico. Exámenes médicos revelaron la presencia de biopolímeros, que resultaron en una embolia pulmonar grasa.

Correa Martínez fue hallado culpable de homicidio simple, cargo que aceptó. Recibió una condena de 47 meses de prisión, pero le otorgaron la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya que la pena impuesta no excedía los 4 años, no tenía antecedentes penales y no había sido condenado por delitos específicos.

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Durante el período de suspensión, Correa Martínez deberá cumplir con ciertas condiciones, como informar cualquier cambio de residencia, mantener buena conducta, reparar los daños ocasionados por el delito (si es económicamente posible), presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido y no salir del país sin autorización.

Este caso se suma a una serie de incidentes similares en Medellín, donde ciudadanos han recurrido a clínicas clandestinas para procedimientos estéticos, resultando en graves consecuencias para la salud e incluso la muerte. 

Las autoridades del Valle de Aburrá han respondido a esta problemática anunciando la creación de un “bloque de búsqueda” en colaboración con la Alcaldía de Medellín, con el objetivo de prevenir este tipo de delitos y proteger la salud de los ciudadanos.