Una vez la denuncia se hizo pública, la Alcaldía de Ibagué activó la ruta de atención para estos casos y la Secretaría de Educación puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en línea con su posición de defender a la mujer y a la niñez, se pronunció de inmediato en su cuenta de X: “Quiero ser enfática e invitar a todas las niñas, los niños y las mujeres a no callar, a denunciar cualquier forma de abuso o violencia. Expreso todo mi respaldo, en lo que pueda ser útil, a la secretaría de Educación de la Alcaldía de Ibagué y, en especial, a las niñas y sus familias que denunciaron presuntos abusos sexuales por parte de un docente”. Así mismo, instó a la Fiscalía y al resto de las autoridades a actuar con prontitud para evitar que el delito quede impune.
El fenómeno de maltrato (que ya no es una rareza, sino una situación cotidiana) no disminuye; por el contrario, hasta octubre de este año hubo en Colombia 78.124 reportes, un 8% más que en 2023, cuando se registraron 71.851 denuncias Los departamentos que más registran casos son Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Tolima.
La violencia contra los niños y adolescentes deja secuelas físicas y psicológicas que los afectan a ellos, a sus familias y al conjunto de la sociedad. Un niño maltratado presenta mayores riesgos, en su edad adulta, de desarrollar conductas delictivas; es más proclive a las adicciones y a presentar trastornos de conducta asociados a la agresividad.
Los infantes no están seguros. En sus hogares son golpeados, abusados, e incluso asesinados, por sus padres, padrastros o cuidadores; en el vecindario corren el riesgo de caer en las garras de pedófilos, y los jardines infantiles y las escuelas tampoco son un entorno que les brinde seguridad. Dolorosamente, los niños no tienen en quién confiar. Además de condenar y castigar a los culpables de los abusos, es preciso que la sociedad proteja efectivamente a los menores.
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