El Gobierno español aplicará la Constitución para asumir funciones que ejercen las autoridades de Cataluña y restablecer así la legalidad, después de que el presidente regional, Carles Puigdemont, avisara ayer que el Parlamento catalán podría votar la independencia si no hay diálogo.

Un Consejo de Ministros extraordinario presidido por Mariano Rajoy aprobará mañana medidas para “proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña” y restaurar la legalidad en la región, según las previsiones del artículo 155 de la Constitución, informó ayer el Ejecutivo.

Ese artículo establece que, si una autoridad autónoma no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización y aplicación efectiva.

Puigdemont comunicó ayer por carta a Rajoy que, si éste “persiste en impedir el diálogo”, el Parlamento regional “podrá proceder a votar la declaración formal de independencia” de Cataluña.

Al terminar el segundo y último plazo del requerimiento que le había enviado Rajoy, el líder catalán agrega en la carta que el Parlamento regional “no votó el día 10”.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, leyó, en declaración institucional ayer en el Congreso de los Diputados, el comunicado emitido por el Gobierno tras recibir la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, en la que anuncia que si el Ejecutivo “persiste en impedir el diálogo y continúa la represión”, el Parlamento podrá votar la declaración formal de independencia.

Investigan a Policía

Agentes de la Guardia Civil española entraron ayer por orden judicial en la sede de la comisaría central de la policía regional catalana en la ciudad de Lérida para buscar información sobre el papel de este cuerpo durante el referéndum soberanista ilegal del pasado 1 de octubre.

Ese día, los Mossos d’Esquadra (policía regional) tenían la responsabilidad de precintar las sedes electorales y requisar las urnas y papeletas que debían ser utilizadas en la consulta en cumplimiento de un mandato judicial, una actuación que ha sido cuestionada.