El Tribunal Constitucional español anuló ayer la Declaración Unilateral de Independencia aprobada por el Parlamento de la región de Cataluña el 27 de octubre pasado y que con anterioridad ya había suspendido cautelarmente.

El pleno del Constitucional decidió, además, denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, y a dos de los integrantes de la Mesa, que es su órgano rector.

Se trata de las medidas que había solicitado el Gobierno español en su recurso, que jurídicamente se denomina incidente de ejecución.

En ese recurso, el Ejecutivo advertía de los “evidentes efectos jurídicos y vinculantes” de la declaración secesionista, que fue aprobada en una votación secreta por setenta votos a favor, dos abstenciones y diez votos en contra, mientras más de medio centenar de diputados abandonaba el hemiciclo en desacuerdo con la iniciativa.

El Tribunal Constitucional tenía un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión y ha resuelto en menos de diez días.

En el recurso, además, el Gobierno español reclamó al Constitucional que anulara urgentemente la declaración al considerar que podía “producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos”, en lo que considera el “atentado más grave contra el orden constitucional”.

Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento autonómico están convocados hoy ante el Tribunal Supremo para prestar declaración por los supuestos delitos de rebelión y sedición, entre otros.

A responder

El primer ministro belga, Charles Michel, fijó ayer la posición de su Gobierno sobre la crisis catalana al asegurar que el “interlocutor” de Bélgica “es el Gobierno de Madrid” y consideró que el expresidente catalán Carles Puigdemont es “un ciudadano europeo que debe responder de sus actos”.

La crisis catalana irrumpió ayer de lleno en el Parlamento federal belga, con un debate de hora y media en la Comisión de Interior centrado en la crisis catalana y el papel de Bélgica desde la llegada el 30 de octubre de Puigdemont a Bruselas, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el cese de su Gobierno.

“No hay ninguna ambigüedad. Tenemos un interlocutor que es el Gobierno de Madrid, el Gobierno de España, por todos los canales diplomáticos”, afirmó Michel.

Dato

Una huelga general fue convocada por el sindicato minoritario Intersindical-CSC con el respaldo de asociaciones independentistas.

¿Sabía qué

Puigdemont y los exconsejeros comparecerán el próximo 17 de noviembre ante un juzgado de primera instancia belga, que decidirá si acepta o no la eurorden para su eventual extradición a España?