luego de lucrarse superlativamente abusando de su privilegiada posición y mediante el cumplimiento de una corta pena aprovechando la laxitud normativa imperante, salgan en libertad a disfrutar de los dineros y bienes ilícitamente adquiridos, en virtud de las rebajas punitivas que se logran a través de la confesión, la delación de supuestos cómplices así esta sea falsa y mediante triviales actividades como acopiar huevos en la granja del centro de reclusión o enseñar cualquier cosa a los restantes penados.

Manes de una legislación improvidente redactada a semejanza de foráneas legislaciones para unas circunstancias sociales bien diversas a las nuestras, sin estudiar nuestra proclive idiosincrasia hacia el delito y el enraizamiento que ha logrado entre nosotros la cultura del enriquecimiento fácil, gracias al efecto de demostración del narcotráfico.

Igual al régimen distendido y tolerante que aquella misma normativa instauró para con los autores, cómplices y auxiliadores de los delitos menores denominados hoy de “bagatela”, con miras a descongestionar los centros de reclusión, y que ha disparado la cifra de comisión de conductas delincuenciales como el hurto de menor cuantía, el saqueo de viviendas urbanas, los atracos callejeros y los raponazos a carteras y celulares, tornando en inhóspitas nuestras ciudades y en fuente de riesgo la cotidianidad, haciendo que el ciudadano del común vea a la justicia penal y a las autoridades de policía como inoperantes y verdaderos “reyes de burlas”. 

A lo cual ha venido a contribuir con eficacia, lo consagrado recientemente por la Ley 1098 de 2006, ampulosamente llamada “Código de la Infancia y la adolescencia”, que entre sus muchas normas de protección de los menores, les otorgó a éstos patente de corso para incurrir en la comisión de toda suerte de actos ilícitos, sustrayéndolos de la posibilidad de sufrir sanción alguna, llevándonos a tener que presenciar el deplorable espectáculo de una niñez y una juventud convertida en “longa manu” de la delincuencia como eficientemente instrumento del delito o en lo que es más grave, verdadera hampa integrada a organizadas estructuras criminales.

Todo producto de una actividad legiferante completamente irresponsable e improvisada, divorciada de la realidad, encaminada a privilegiar intereses políticos por sobre una circunstancia por todos reconocida, en la que el delito crece y se expande afectando al conjunto todo de la sociedad. Contribuyendo en grado superlativo al deterioro de lo que Álvaro Gómez llamó “el tono moral” del país, llevando a éste en una incontrolada espiral, hacia su disolución.