Buena parte de la legitimidad de un sistema democrático radica en la confiabilidad del organismo encargado de ser el “juez electoral” pues es el que decide quién finalmente es elegido para cualquiera de los cargos políticos desde presidente hasta edil.
El controvertido proyecto de Acto Legislativo que busca aumentar la participación de las regiones en los ingresos corrientes de la nación de manera gradual, y que está ad portas de ser aprobado, pone otra vez en la agenda pública el tema del ordenamiento territorial aun no suficientemente resuelto. En cierta forma, es la misma discusión entre centralismo y federalismo que se dio desde los primeros años de independencia.
En la larga y agitada agenda pública de la nación hay conceptos que de tanto repetirse terminan perdiendo su significado original y acaban totalmente tergiversados.
En la posesión de la nueva magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra, el presidente de la República pronunció una frase que puede interpretarse como una de esas ideas que suelen llegarle a su caletre en medio de sus discursos o, como una sutil amenaza a los jueces y magistrados por supuestamente no conectarse con el sentir del pueblo. Básicamente dijo que por esa falta de conexión fue que el saliente presidente mejicano, Andrés López Obrador, se vio precisado a impulsar una reforma para introducir la elección popular de los jueces.
El sombrero “vueltiao”-no volteado como algunos dicen, ya que ese concepto describe más a políticos de la Colombia reciente- símbolo cultural no solo de la costa Caribe sino de Colombia entera, se ha puesto de moda por el episodio conocido ya como el “intercambio de sombreros” en Montería entre el presidente Petro y su otrora enemigo, el antes comandante paramilitar comprometido con muchas de las peores masacres, torturas, asesinatos y desplazamientos cometidos durante el llamado conflicto armado.
El debate que se ha planteado en estos días sobre la postulación por parte de la Corte y el Consejo de Estado de candidatos a la Procuraduría General, pone una vez más en evidencia la inconveniencia de incorporar a los magistrados en decisiones que, de una u otra forma, tienen una connotación política.
El debate que se ha planteado en estos días sobre la postulación por parte de la Corte y el Consejo de Estado de candidatos a la Procuraduría General, pone una vez más en evidencia la inconveniencia de incorporar a los magistrados en decisiones que, de una u otra forma, tienen una connotación política.
La forma como se integra el llamado “poder judicial”, desde magistrados hasta jueces municipales y funcionarios de apoyo, es importante para cumplir la misión fundamental de ser la principal garantía del funcionamiento del Estado de Derecho y de las libertades ciudadanas.
El reciente fallecimiento del exdictador Alberto Fujimori nos sirve para una reflexión de lo que ha ocurrido en América Latina a partir del momento en que, por múltiples razones, incluida la corrupción de políticos tradicionales, tomaron las riendas del poder -no en todos los casos- oportunistas, avivatos y farsantes bajo el americanizado nombre de “outsiders”.
