Pienso que el combate contra la pluralidad de formas de violencia que por muchos años ha tenido que librar nuestra Policía, fundamentalmente contra la guerrilla, ha terminado por convertirla en un cuerpo “cuasi-militar”, eficiente como el que más para esos menesteres de la guerra, pero influenciado por lo castrense al fin y al cabo, lo que la aleja de su verdadera función en el ámbito local: la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la prevención de todo aquello que amenace o ponga en riesgo la vida, honra y bienes de los habitantes de las ciudades.

O sea que ese cuerpo civil, sometido a las autoridades políticas y de naturaleza cautelar tal como fue institucionalizado, devino en Colombia, por manes del conflicto armado, en una organización más adecuada para los grandes combates que para la detención de la delincuencia urbana y el control de todo aquello que pueda perturbar la tranquilidad, la salubridad, la movilidad, el urbanismo, la moral pública y los varios aspectos económicos que están ligados al orden público.

Circunstancia comprensible pero no aceptable de ninguna manera, que se hace más notoria ante la mínima proactividad que los miembros de esa institución de unos años para acá vienen demostrando y que ha venido a contribuir a que los ciudadanos terminen por desconocer la importancia que ella tiene como elemento de contención de las conductas antisociales, y terminen por hacer lo que les viene en gana, como construir sin respeto alguno por los paramentos o la vocación del suelo o en los antejardines, invadir con obras o negocios los espacios públicos, talar los pocos árboles que le quedan en pie a la ciudad, tirar desechos por doquier, violar los semáforos automotores o peatonales, transitar en moto o cicla en contravía, cargados de elementos que les impiden maniobrar, sin luces, con más de dos pasajeros, congestionar las calles con ventorrillos, destrozar las señales de tránsito y los monumentos públicos, poner los equipos de sonido a volúmenes escandalosos, orinar en la vía pública, expender licor a menores de edad, vender abiertamente artículos robados o distribuir droga en frente de todo el mundo, etc., etc., etc.

Y más grave resulta aún que los mandos policiales no se percaten de lo que dicha situación entraña como generadora de violencia y confusión, puesto que cualquier grupo social, al sentirse sin control y desguarnecido, en manos del injusto actuar de los delincuentes, asume conductas de autoprotección al margen de la ley, generalmente, desbordándose con el pernicioso resultado que el daño social que pretendía precaver resulta menos grave que el producido por su supuesta defensa del orden: al respecto, bastaría mirar lo que ocurrió con los movimientos de autodefensa campesina con los que la sociedad toda simpatizó al principio, convertidos posteriormente en el germen de la actividad paramilitar de la que no terminamos de dolernos los colombianos.  

Estas observaciones -que a muchos lectores pueden parecer injustas para con esa institución-, mal podría dejarlas de hacer al observar una policía que no actúa en circunstancias como las atrás reseñadas, que no son sino algunas de las muchas que a diario se producen en la ciudad en consecuencia del defectuoso y, en la mayoría de las ocasiones, nulo servicio que la policía presta: los CAI diseminados en diferentes sitios están convertidos en centros sociales de tertulia de los agentes; las patrullas móviles, impasibles, observan todas las formas imaginables de transgresión de la ley y poco o nada hacen, y los imberbes e inermes bachilleres se limitan a formar corrillos o a piropear “sardinas”, completando el marco de ausencia de autoridad en el que Ibagué se localiza, pese a haberse convertido en “Policía Metropolitana”. 

Un servicio “proactivo”, pronto y eficiente y un cuerpo de policía con sentido y formación cívicos es lo que la ciudadanía reclama y espera, máxime ahora, donde los delincuentes y su criminoso actuar se exacerban.