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Con estos argumentos la construcción de numerosos bloques de edificios de 15 y más pisos, de vivienda de interés social y otras, ha crecido en Ibagué principalmente en zonas de expansión. Para ello han contado con las empresas constructoras y los subsidios de programas estatales dirigidos a familias de bajos ingresos. Pero también ha crecido la construcción de edificios y condominios cerrados para población de mayores ingresos, mucha de ella procedente de Bogotá, de donde salen agobiados por la congestión, la inseguridad, los altos costos de vida y, además, en buscan de climas benignos que encuentran que Ibagué, con la ventaja de su proximidad a Bogotá.
Desafortunadamente, ese crecimiento no ha estado acompañado de la adecuada ampliación de la oferta de servicios públicos, especialmente de agua potable, que resulta insuficiente, no solo por la temporada del niño que la ha agudizado en forma severa, sino aún en otras temporadas. Este desface tiene que ver con la flexibilidad desde la Alcaldía para autorizar numerosos planes parciales que ignoran el POT, y con la expedición de licencias de construcción, y licencias de disponibilidad hídrica que no tienen soporte en la realidad del entorno. Para completar, se dice que esa proliferación de planes parciales en las circunstancias mencionadas, con frecuencia son el resultado de alianzas de empresas constructoras con propietarios de tierras que bordean el casco urbano y presionan para que sus tierras rurales se conviertan en urbanas y así obtener enormes beneficios económicos.
Como resultado, la ciudad en su conjunto enfrenta un limitado suministro de agua potable y muy especialmente los nuevos conglomerados, donde sus residentes se sienten engañados porque, contrario a lo prometido, el agua no les llega, o acaso les envían agua en carrotanques que en nada resuelven el problema de fondo; y si bien, muchos quisieran vender sus viviendas no lo logran como tampoco el reintegro de sus aportes. A este problema mayúsculo se agrega la insuficiencia de transporte público en aquellas sectores y el precario estado de las vías. En consecuencia, son frecuentes los plantones en vías principales y airados reclamos ante las constructoras, la Alcaldía y el IBAL.
Aquí cabe agregar que si bien la construcción genera empleo, él es esporádico, y además, la ampliación de la oferta de vivienda VIS y VIP en la capital estimula la emigración de población de otros municipios y de zonas rurales hacia la capital por cuanto en aquellas áreas de donde proceden no hay oferta adecuada que resuelva su carencia de vivienda.
Es imperativo entonces que Cortolima, la Alcaldía y los entes competentes analicen con mayor rigor las solicitudes de las licencias referidas y solo las otorguen cuando puedan garantizar los servicios complementarios que requiere una vivienda digna. El llamado especial es al IBAL para que, con sentido estratégico planifique y ejecute con prontitud y eficiencia las obras largamente esperadas para garantizar agua potable a la ciudad. Así mismo, corresponde a la ciudadanía moderar el consumo de agua, entendiendo que por la acción depredadora del ser humano sobre la naturaleza, las fuentes hídricas han disminuido su caudal y algunas han desaparecido.
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