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Por ello es recurrente el clamor de las regiones para que la descentralización sea realidad, para que se logre la conformación de Regiones Autonómicas como estrategia para ganar eficiencia en la gestión pública, acercar el Estado a los ciudadanos y promover la participación ciudadana.
Se busca entonces que las regiones tengan mayor capacidad de decisión y recursos para atender sus verdaderas necesidades y prioridades, y se supere el esquema que padecemos en que importantes decisiones se toman en Bogotá con criterios que obedecen a la interpretación personal de funcionarios que, con frecuencia no conocen las regiones, con el agravante de que la rotación de funcionarios determina cambios de criterio sobre proyectos y asignaciones presupuestales.
Semejante situación implica que gobernantes de departamentos y municipios deban acudir a Bogotá a gestionar, o mejor, a implorar apoyo para sus proyectos y asignaciones de muy diverso orden; con la certeza de que poco o nada consiguen a menos que lleven padrinos importantes. De este modo se reduce la autonomía de gobernantes legítimanente elegidos y se restringe la posibilidad trabajar con visión estratégica y respetar la planificación estructurada en sus Planes de Desarrollo. Además, este esquema facilita a congresistas, politiqueros, lobistas y otros, el recaudo de “mordidas” que explican sobrecostos en casi cualquier proyecto y retrasos en su ejecución; en otras palabras, la corrupción. Esa que consume ingentes recursos, explica numerosos elefantes blancos y dificulta la atención a necesidades reales de las comunidades, que pasan décadas y décadas clamando por acciones de muy diverso orden.
Pero el centralismo que opera desde Bogotá, se replica en los departamentos, donde las capitales suelen acaparar el máximo de atención mientras el resto de municipios padecen abandono, postura que en nuestro caso se refleja inclusive en el discurso, cuando los gobernantes afirman: “en Ibagué y en el Tolima”…. como si Ibagué no fuera parte del Tolima.
En consecuencia, suelen verse filas de alcaldes pidiendo cita a sus respectivos gobernadores para tratar asuntos que deberían resolver en su propio territorio. Entonces, igual que lo dicho antes, requieren padrinos políticos y mucha paciencia para conseguir que les aprueben asuntos inclusive menores que demandan aportes complementarios del Departamento. Este modelo, lamentablemente incrustado en todos los niveles de la administración pública, se replica en el caso de Comunas, barrios y Corregimientos, donde se observan desarrollos muy desiguales.
Ahora bien, descentralizar aquellas decisiones y operaciones que así lo permitan, debe acompañarse del impulso a la consolidación de asociaciones de departamentos, de municipios, corregimientos y demás, que compartan el vecindario y similares problemas, carencias y recursos, para que antes que competir innecesariamente se habitúen a articular esfuerzos, con la certeza de que es la mejor forma de resolver problemas.
Esperamos entonces que la movilización que se observa actualmente en procura de descentralización logre que, con mente abierta el gobierno e instituciones del orden nacional y también los nuevos gobernantes regionales, municipales y dirigentes comunitarios, opten por una postura auténticamente descentralizadora como lo reclama el momento. Que se haga en serio y escale a todos los niveles del territorio.
Ello exige, por supuesto, responsabilidad y el debido seguimiento para asegurar que se logra el gran propósito de agilizar procesos, optimizar recursos, combatir la corrupción y conseguir mayores beneficios para la población sin distingo alguno y sin necesidad de intermediarios.
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