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Estas acciones son violaciones claras de los derechos fundamentales de los ciudadanos y no pueden ser justificadas bajo ninguna circunstancia.
El comportamiento de los gobiernos frente a los paros con vías de hecho ha sido débil y complaciente, cediendo ante los grupos que utilizan el chantaje como herramienta de negociación. Esta tendencia, que se ha repetido una y otra vez, refleja no solo una falta de voluntad política para enfrentar a los extorsionistas, sino también un problema estructural en la forma en que la sociedad y el gobierno responden a estas crisis. En lugar de unirse y resistir juntos, permitimos que los sectores que recurren a medidas de hecho terminen obteniendo lo que desean, con el costo final para los contribuyentes.
El reciente paro de camioneros es solo un ejemplo más de esta dinámica. Los bloqueos de vías, que afectan la economía, el suministro de alimentos y
medicamentos y la vida diaria de millones de personas, son utilizados como armas para doblegar al gobierno. Como resultado, la negociación generó un aumento del precio del diésel que, en lugar de los 6,000 pesos inicialmente previstos, se redujo a solo 800.
Esta decisión agrava el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), que le ha costado al Estado cerca de 27 billones de pesos en el último año. Con el aumento previsto, el déficit se habría reducido a 10.3 billones de pesos. Sin embargo, al no aplicarse este ajuste, el costo de la concesión recaerá sobre toda la población, especialmente sobre la clase media, ya agobiada y afectada por los impuestos, sin recibir a cambio los servicios básicos que el Estado debería garantizar.
Además del impacto fiscal negativo, los motores diésel tienen graves consecuencias ambientales. Está demostrado que estos contaminan más que los de gasolina debido a sus emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas. Es inaudito que algunas empresas continúen fabricando motores diésel, dado el daño ambiental que causan.
Este patrón de debilidad no se limita al sector transportador. Un caso similar se observa cada vez que Fecode protesta. Debido a su poder para paralizar la educación de millones de niños, ha logrado bloquear la implementación de evaluaciones objetivas para los docentes. Esta resistencia obstaculiza la mejora en la educación, como reflejan los resultados desfavorables en las pruebas PISA, evidenciando deficiencias alarmantes en habilidades básicas entre nuestros estudiantes. Los niños, que deberían ser el principal foco de atención de las políticas educativas, son los principales perjudicados por estas tácticas de presión.
Por supuesto, hay reclamos justos en cada sector que deben ser atendidos. Nadie niega que existen problemas reales en el país que requieren soluciones urgentes.
Pero el camino no puede ser el bloqueo de vías, la paralización del país o la interrupción de las clases de nuestros niños. Estas acciones son violaciones claras de los derechos fundamentales de los ciudadanos y no pueden ser justificadas bajo ninguna circunstancia.
Es imperativo hacer un llamado a todas las fuerzas políticas y a la sociedad para que, independientemente de quién esté en el poder, nos unamos para respaldar a los gobiernos en la toma de decisiones fundamentales para el país. Debemos promover una cultura de consenso y colaboración en la que todos apoyemos las decisiones que, aunque puedan ser impopulares para algunos, buscan el bien común. Solo así podremos evitar que las tácticas de presión y chantaje continúen afectando la estabilidad y el progreso. Cada concesión hecha bajo presión es una derrota para la sociedad en su conjunto y, en última instancia, un costo más que pagaremos todos.
Adenda: Por cierto, este gobierno, que se autoproclama defensor del medio
ambiente, ¿qué acciones concretas ha tomado para impulsar la transición de los camiones hacia alternativas sin diésel?
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