PUBLICIDAD
El señor presidente, ignorando el principio de separación de los poderes públicos, soporte de una democracia legítima, ha decidido arreciar su confrontación con el Congreso porque no le aprueba, como él quiere, sus proyectos de reforma; con la Rama Judicial, desconociendo su independencia y deslegitimando sus decisiones ante la opinión pública, para hacerlas responsables de las fallas de su gobierno. Y, además, ataca al sector productivo al que tilda de oligarca; a la prensa, que califica de parcial, debido a que la agenda mediática no aborda favorablemente su gestión; a la oposición, por criticarle el deficiente manejo presupuestal en inversión y, de paso, el aumento inusitado del gasto público, al multiplicar la nómina de algunas instituciones del Estado.
Ahora bien, no puede desconocérsele el derecho que tiene de defender su gobierno, pero ello no significa el uso inapropiado de su lenguaje, como: “vagabundos” a magistrados del CNE que investigan los gastos de su campaña; “muñecas de la mafia” o “periodismo Mossad”, refiriéndose a mujeres periodistas; “Poco entiendo de por qué los hombres negros pueden ser conservadores”, refiriéndose al Presidente de la Corte Suprema de Justicia; o, “la familia Vargas Lleras está involucrada en el millonario defalco de la Nueva EPS”, porque contiene expresiones descalificadoras, discriminatorias, imputaciones deshonrosas y calumniadoras que atentan contra la dignidad humana.
Desafortunadamente, ese tipo de discurso político, lleno de odio, expresado frente a sus bases y expandido por sus “bodegas”, es utilizado por él como un mecanismo comunicacional que no busca la unidad nacional, como es su deber, sino radicalizar la polarización de la sociedad, a la que invita a movilizarse e incluso a subvertirse con tal de defender el poder de sus electores, solo por el temor que la investigación por la violación de topes de campaña lo involucre, en el Congreso, en una separación del cargo, que no ocurrirá en Colombia con estos congresistas.
No obstante, el presidente no puede olvidar que en un Estado de Derecho los gobernantes no tienen facultades ilimitadas, y que delitos como la injuria y la calumnia se erigen como restricciones a su libertad de expresión y como medidas de protección a los derechos fundamentales de la vida y honra de las personas.
Significa que, de seguir así, los jueces de tutela lo irán a obligar a presentar rectificaciones, como acaba de ocurrir en el caso Lleras, deber que no podrá excepcionar con la objeción de conciencia por razones morales y filosóficas, que resultan incompatibles con el deber de cumplir la Constitución, la ley y las decisiones judiciales.
¿Qué pensará el mundo si, por desacato, el juez de tutela lo sanciona con arresto? ¿Será un digno ejemplo para la juventud? ¿Acaso cree que está por encima de la ley?
Comentarios