Seguir construyendo paz

Desde lo que puede pasar con la posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y su renovado espíritu imperialista, hasta lo que se avecina en la campaña presidencial de 2026, anticipada desde ya desde todas las orillas políticas. Muchas cosas y temas. Sin embargo, quisiera presentar alguna reflexión de naturaleza regional sobre la imperativa necesidad de seguir construyendo paz en nuestro departamento del Tolima.

Para iniciar, debo reiterar que nuestro departamento, así como ha sido cuna de movimientos insurgentes, también ha sido escenario de procesos de reconciliación. En la actualidad si nos comparamos con otras regiones, vivimos una situación mucho más favorable en términos de convivencia, y aunque haya nubarrones en el horizonte, tenemos una oportunidad única de consolidarnos como un territorio de paz. Hay claro, un desafío en las tensiones entre la visión nacional y la departamental que no se puede ignorar.

El gobierno del presidente Petro sigue teniendo una apuesta por una política de paz total que busca abarcar no solo acuerdos con actores insurgentes como el Eln y las disidencias de las Farc, sino también con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Este enfoque, que combina negociación, sometimiento a la justicia y fortalecimiento de las instituciones, es ambicioso y complejo para transformar los territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

En nuestro departamento, esta política nacional se traduce en un llamado a la reincorporación de excombatientes, la atención integral a las comunidades rurales y la resolución de conflictos sobre el uso del suelo y los recursos naturales. Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas, municipios que en el pasado sufrieron por el enfrentamiento armado, se convierten actualmente en territorios clave para evaluar los avances y dificultades de esta estrategia.

Siendo inspirador la propuesta de paz del gobierno nacional, su implementación en el Tolima enfrenta marcadas diferencias con el enfoque del gobierno departamental. Mientras desde Bogotá se impulsa un modelo que prioriza el diálogo y la reintegración, el gobierno regional se centra más en la seguridad y el fortalecimiento de la autoridad estatal.

Un desafío mayúsculo es el referido a la recuperación de la confianza entre las comunidades, los actores armados y el Estado. Las comunidades que vivieron la guerra, se muestran escépticas ante las promesas de paz que no se traducen en acciones y proyectos tangibles. La falta de inversión y ejecución en infraestructura, servicios sociales y la ausencia de proyectos que transformen la realidad del territorio, profundizan esta desconfianza.

Además, la relación entre el gobierno departamental y el nacional no ha sido armónica. Las diferencias afloran en la interpretación de las prioridades y esto genera fragmentación en las políticas públicas, dificultando la articulación de esfuerzos y la materialización de la paz total en el territorio.

Más allá de estas diferencias, la paz en el Tolima no puede limitarse a la ausencia de guerra, sino un proceso que transforme las relaciones sociales y económicas, generando oportunidades para los jóvenes, acceso a tierra para campesinos, indígenas y afros, además de proyectos de vida dignos para las comunidades.

El gobierno departamental y nacional deben superar sus diferencias y construir una visión común. Esto implica articular esfuerzos, asignar recursos suficientes y escuchar realmente a las comunidades que han sostenido el tejido social en medio del conflicto.

Más allá de los personalismos debemos apostar a que la paz total deje de ser un sueño ideal para convertirla en una realidad, reconociendo que esta no es un punto de llegada, sino un sendero que entre todos debemos construir con esfuerzo, justicia y esperanza para que el sol alumbre para todos.