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Pues bien, más allá del rifirrafe entre el gobernador Rendón y las ministras Carvajalino y Muhamad, por el lanzamiento de la ZPPA del Suroeste antioqueño, la creación de estas Áreas hace parte del compromiso del Gobierno con el Acuerdo con las Farc, para lo cual utilizó nuevamente la Ley del Plan, como hizo con el famoso artículo 61, en un primer intento -ya van tres- por dejar sin recursos judiciales a los propietarios en procesos de expropiación de tierras y extinción de dominio.
En este caso el Gobierno modificó la Ley 388 de 1997, que establece los determinantes para el Ordenamiento Territorial, para incluir las APPA como uno más, aunque su objetivo sea el ordenamiento, pero de la producción agropecuaria, lo cual lesiona la autonomía local y regional, y la libertad del individuo para elegir una actividad productiva legítima.
Ese era el alegato del gobernador, mientras las ministras insistían en que la Resolución de la ZPPA no es un determinante ambiental ni productivo, sino un referente, lo cual es cierto durante dos años máximo, después de los cuales el Ministerio establece oficialmente la APPA, que sí es vinculante para los municipios, los departamentos y los individuos, e incorpora “dentro las categorías de protección del suelo rural las áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales”.
En una lectura rápida del documento de la UPRA que soporta la resolución me quedaron preguntas: ¿Es confiable su determinación de áreas si 14 de los 22 municipios tienen retraso catastral superior a 10 años? ¿En un entorno de satanización de la ganadería desde el Gobierno como uso improductivo de la tierra, será objetiva la UPRA si en la mayoría de los municipios el uso en pasturas es del orden del 50%? De hecho, la ministra Carvajalino descalificó a la ganadería cuando dijo que “…tienen que invertir millones de pesos en talar una hectárea para poner una vaca”. Además, si un productor cambia de actividad por los designios de la APPA y fracasa, ¿quién responde?
En una mesa de expertos la ministra invitó a “una apuesta conjunta y redistributiva de la tierra”, porque el Gobierno necesita tierras y el Acuerdo con Fedegán para comprarlas va lento por falta de recursos. ¿Qué le queda? Expropiación administrativa y extinción de dominio por el uso inadecuado de la tierra, calificado fácilmente a partir de las determinaciones de uso de las APPA. No son en vano los intentos para dejar sin recursos judiciales a los propietarios y facilitar aún más estos procesos.
¿Acaso vamos hacia la economía rural centralizada, que fracasó estruendosamente en los regímenes comunistas que la impusieron?
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