PUBLICIDAD
Tomemos como ejemplo los casos de Nicaragua y Venezuela, donde regímenes autoritarios han utilizado la tecnología no como herramienta de transparencia, sino como instrumento de control. En Nicaragua, el sistema de voto electrónico implementado por el gobierno de Ortega ha sido objeto de controversia, con acusaciones de manipulación y falta de transparencia. En Venezuela, el sistema Smartmatic, originalmente diseñado para garantizar elecciones limpias, se convirtió en objeto de desconfianza y acusaciones de fraude.
Estos casos nos obligan a reflexionar sobre las implicaciones de la digitalización en contextos donde las instituciones democráticas son frágiles o están comprometidas. La tecnología, lejos de ser neutral, puede convertirse en un arma de doble filo: capaz de aumentar la eficiencia y la participación, pero también susceptible de ser manipulada para perpetuar el poder.
En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha manifestado una firme intención de avanzar hacia una mayor digitalización de la función pública, con la promesa de modernizar y hacer más accesibles los servicios estatales. Sin embargo, la administración de Petro ha sido objeto de críticas por su tendencia a concentrar el poder y su manejo autoritario en diversos aspectos del gobierno.
Petro ha impulsado varias reformas y medidas que, aunque destinadas a mejorar la eficiencia administrativa, han suscitado preocupaciones sobre la centralización del poder y el riesgo de erosión de las garantías democráticas. La estrategia de digitalización del gobierno podría intensificar estos riesgos al concentrar grandes volúmenes de datos en manos del Estado. Esta centralización puede facilitar la vigilancia y el control, especialmente en un contexto donde el poder ejecutivo ha mostrado signos de autoritarismo, como en el manejo de la oposición política y el control de los medios de comunicación.
El uso de la tecnología para la vigilancia y el control puede ser un doble filo en manos de un gobierno que ya ha sido acusado de buscar mecanismos para consolidar su influencia. La implementación de sistemas digitales sin las debidas salvaguardas podría facilitar el abuso de poder, especialmente en un país con una historia de polarización y conflicto político. Además, la falta de mecanismos de supervisión y auditoría independientes podría abrir la puerta a la manipulación de datos y a la vulneración de derechos civiles.
No se trata de rechazar el progreso tecnológico, sino de implementarlo con cautela y salvaguardas robustas. Es imperativo que cualquier sistema de voto electrónico o digitalización de servicios públicos en Colombia sea acompañado de mecanismos de auditoría independiente, transparencia total en su funcionamiento y protecciones legales fuertes contra el abuso de datos.
La democracia se basa en la confianza: confianza en el proceso, en las instituciones y en el secreto del voto. La tecnología debe fortalecer esta confianza, no erosionarla. En nuestra prisa por modernizar, no debemos olvidar que la esencia de la democracia reside en la voluntad libre e informada del pueblo, no en la eficiencia de los sistemas que la procesan.
Colombia tiene la oportunidad de liderar en la implementación responsable de tecnología en la gobernanza. Pero esto requerirá no solo innovación técnica, sino también un firme compromiso con los principios democráticos y una vigilancia constante contra el abuso de poder. El futuro de nuestra democracia depende de ello, y es fundamental que las intenciones del gobierno no se conviertan en una amenaza para los principios fundamentales de nuestra democracia.
En conclusión, la apuesta por concentrar la información de los colombianos desdé la función pública podría ser un tiro al aire pues daría mayor espacio de manipulación y control de los datos de la población más vulnerable y tener supervisado al estilo de un panóptico el movimiento de los sectores opositores en las regiones del país.
Comentarios