la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lamentablemente, tal formulación no ha repercutido en Colombia en el afianzamiento de las costumbres y prácticas que fueran de esperarse, pues siguen siendo el capricho y las necesidades del gran capital los que determinan su grado de aplicación y de respeto.

Especialmente a raíz del derrumbe del campo socialista y el consiguiente impulso del Imperio a las tesis neoliberales, sobre esta Carta de Derechos Humanos se cernió todo un vía crucis. Así, por ejemplo, los derechos relacionados con la vida laboral comenzaron a ser objeto de la más aberrante violación: desapareció el respeto a la jornada de las ocho horas, al salario mínimo vital, a la estabilidad en el trabajo, a la contratación colectiva, a la huelga y al empleo digno, sin que quienes contaran con un trabajo estable lo pudieran acompañar de otros derechos, igualmente contenidos en la carta, como el de la salud eficiente, la educación de calidad, el techo, el descanso y la recreación.    

Igual suerte han corrido los derechos sindicales y políticos. Especialmente en Colombia, a la oposición política se le impide jugar su papel constitucional: se la somete a la injuria y la calumnia, se la veja a través de juicios amañados, se le tortura a sus más destacados hombres, y a los dirigentes se les condena al exilio, se les desaparece o se les asesina, como lo evidencia la repetida aparición de fosas comunes con decenas de cadáveres, muchas de ellas bastante cerca de los cuarteles.

Es tan grave la situación que ni siquiera se respeta el derecho a la propiedad privada en lo que atañe a la tierra. Más de cinco millones de campesinos vagan por las calles de ciudades y poblados, víctimas de la violación de tal derecho.   

Y ni se diga de las violaciones de que son objeto las propias organizaciones defensoras de los derechos humanos. Según lo señalan Lisa Haaugard, Eric Sottas y Denis L´angalis, miembros de la misión especial conformada por representantes de 15 países que visitó a nuestro país con el fin de revisar el tratamiento que reciben estas organizaciones, en Colombia no sólo se les persigue a ellas, sino a sus miembros, de los cuales 54 han sido asesinados en el período comprendido entre julio de 2010 y mayo de 2011.

Se trata, entonces, de una situación deplorable a todas luces. Y todo para preservar y afianzar los privilegios del gran capital.