Extraoficialmente se ha conocido que el Tribunal Administrativo del Tolima avaló la consulta popular minera nacida desde el comité ambiental pro-consulta, impulsada por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y aprobada en el Concejo municipal.
En la noticia se afirma que el pasado jueves la ponencia negativa hacia la consulta hecha por el magistrado José Aleth Ruiz Castro fue derrotada por los otros dos magistrados, Belisario Beltrán Bastidas y Jaime Alberto Galeano Garzón.
La pregunta aprobada al respecto para consultarle al pueblo ibaguereño es: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?
El fondo de la pregunta tiene que ver con la protección del medio ambiente y la defensa del territorio, evitando que en Ibagué se ejecuten actividades mineras que contaminen el agua o el suelo, no busca frenar toda la minería, solo aquella que amenace la vocación agrícola y turística del municipio.
Así las cosas, de confirmarse hoy la noticia, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene un mes para organizar la consulta. Según cálculos, la votación se llevaría en el mes de junio, tal vez el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
No hay duda alguna de que lo fallado hasta ahora es bastante importante en términos de la democracia participativa y del orden institucional en Colombia. Los mecanismos de participación ciudadana y de autonomía local están ganando terreno gracias a los recientes fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Y es que la noticia de que el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué resolvió negar la medida cautelar de suspensión provisional que la compañía Anglogold Ashanti solicitó sobre el acto administrativo expedido por el Concejo municipal de Piedras, documento mediante el cual se hace efectiva la consulta popular adelantada en julio de 2013, también fortalece los mecanismos de participación ciudadana y las competencias tanto de los concejos municipales como de las alcaldías.
Hasta ahora, la lucha adelantada por los actores involucrados en este empeño ha sido titánica, pero no hay duda que el mayor reto está por venir: lograr que los ibaguereños salgan a votar en la consulta.
Por primera vez en la historia democrática de Ibagué los ciudadanos nos veremos convocados a una elección en que quien convoca no son el tamal ni las dádivas, sino la consciencia y el sueño colectivo de desarrollo.
Votar en la consulta popular implica que los ibaguereños alcanzaremos la mayoría de edad en términos electorales, será un gran paso para cambiar el sistema electoral y político en nuestro municipio. Si ese día salimos a votar decenas de miles de ibaguereños sin ninguna motivación distinta a la de querer un mejor futuro para nuestros hijos, estaremos iniciando una nueva era democrática en la que los ciudadanos no solo participan sino que también se empoderan democráticamente, en la que su futuro no se deja a un tercero, sino que se se asume directamente.
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