Quien conozca la historia de la educación en Colombia, sepa qué es el TLC, lea el proyecto de reforma y tenga el valor civil para decirlo, como ocurre con los estudiantes que el gobierno desprecia, tendrá que aceptar que el principal propósito de la reforma es aumentar la privatización de la educación superior. Tanto por lo que dice como por lo que calla, cosa que no sorprende, porque esa es la política que las instituciones del Consenso de Washington le ordena a Colombia. Que la mitad de la educación universitaria sea privada constituye prueba reina de que la política general, y no de ahora, es privatizarla.

La reforma no les da a las universidades públicas la plata que requieren para superar el déficit que las estrangula y les impone nuevos costos que no les financia, luego las presiona a que tengan que privatizarse aun más, así en sus puertas pongan “Universidad superhipermegapública”.

También impone, como cosa nueva, que a los estudiantes, además de las altas matrículas que ya pagan por la privatización, se les puedan cobrar “derechos complementarios” hasta por el 20 por ciento de la matrícula. Y crea la figura de endeudarse con la universidad para pagar una vez graduado. Asimismo, privatiza al aumentar los créditos del Icetex, que cambian el derecho ciudadano a la educación gratuita por una deuda bancaria.

También se habla de privatización porque se excluye del sistema educativo a millones de pobres inteligentes y capaces y porque se les impone a las universidades públicas prácticas propias de las universidades privadas de garaje, tales como especializarse en los programas más baratos, menores inversiones en bibliotecas, laboratorios e investigación, hacinamiento en las aulas y profesores de menor nivel y con muy poco o ningún tiempo para preparar las clases.

Falta a la verdad el gobierno cuando dice que renunció a la universidad con ánimo de lucro, porque apenas intenta esconderla. Está presente en la figura de las universidades mixtas y en el Fondo de Desarrollo de Educación Superior, constituido como sociedad anónima. Y el TLC con Estados Unidos ordena darle todas las garantías a la educación como negocio, a pesar de su conocida pésima calidad (Francisco Piedrahita en http://bit.ly/vkumCu).

Se privatiza como parte de la globalización neoliberal. Porque esta, como en la Colonia, especializa a Colombia en la exportación de materias primas agrícolas y mineras y en la importación de los bienes complejos (http://bit.ly/vQf4rh). A un aparato productivo de pacotilla le corresponde un sistema educativo de pacotilla, ordenan. Y unos pocos podrán salvarse de la mediocridad estudiando en unas cuantas universidades colombianas o en el exterior. ¿Por qué sorprende que el estudiantado colombiano se rebele contra el engendro?

Al escribir estas líneas no se conoce el resultado de las elecciones. Pero por lo que he visto en toda Colombia, el Polo Democrático Alternativo saldrá airoso de la más feroz campaña de desprestigio que se haya hecho contra partido alguno en el país. Y no lo persiguen por sus errores, sino por sus aciertos. Las fuerzas regresivas no resisten que se digan ciertas verdades, no sea que los colombianos abran los ojos y se decidan a cambiar las cosas.

Una de las manipulaciones electorales más extendidas es la del llamado “voto útil”, calculado para que no se vote por el candidato que se considera el mejor, para no “perder” el voto porque las encuestas “le dicen” que no va ganar. Casi que obligan al elector a escoger entre candidatos por los que no quiere votar.

Lo que no entienden las víctimas de la maniobra es que así las llevan a buscar un falso positivo contra sus propias ideas, falso positivo que les sacrifica el presente y, además, el futuro. Esta manipulación solo es posible por las encuestas, que no auscultan la opinión sino que la inducen a través de los medios. Y a esto, más una corrupción y coacción electoral de espanto, lo llaman “la democracia nacional”.