Para bien de los venezolanos, que se levanten las sanciones

Es una posición lógica, pues sin una sólida institucionalidad es imposible el manejo del Estado: y esa institucionalidad, para el caso electoral venezolano, está representada en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.  

Diferente de la actitud de López Obrador es la que mantienen Petro y Lulla, en la cual hay quienes ven un cierto tufillo intervencionista, acentuado con la reciente sugerencia de Petro de suscribir un pacto de frente nacional, del cual es imposible no colegir similitudes con el Frente Nacional que tuvimos en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Petro parece haber olvidado que las circunstancias que se dieron bajo dicho Frente fueron las que lo llevaron a alzarse en armas contra un gobierno que, para garantizarle su continuidad, no tuvo empacho en robarse unas elecciones.

Esa Colombia se caracterizaba por contar con dos partidos, el Liberal y el Conservador, que se dividían el electorado casi por mitades y entre los cuales no existía mayor diferenciación ideológica. Para ese Pacto Nacional, los acuerdos fueron fáciles.

En la Venezuela de hoy, por el contrario, hay una confrontación entre dos modelos de naturaleza extrema: Uno, el modelo con soberanía, democracia y justicia social, encarnado por Maduro. El otro, dependiente de la embajada gringa y los grandes conglomerados transnacionales y generador de inmensos privilegios para unos pocos y de pobreza para muchos. Es el modelo de los que gritan fraude; el de los Edmundos y Corinas; el de los que se alimentan con las millonadas que les giran los enemigos del cambio; los que se orientan según los tanques de pensamiento de Washington y Miami y se publicitan mediante el aplastante poder de los grandes medios de comunicación.

La pregunta que no se ha hecho Petro es: ¿Será posible que entre esos dos modelos se puedan pactar alternancias? Creemos que no, y que lo que él debería estar exigiendo es el levantamiento de las 936 sanciones que la Casa Blanca le ha impuesto omnímodamente al gobierno venezolano, las cuales le impiden invertir un mil 222 billones de pesos anuales en programas sociales, y esto sin contar, entre otras arandelas, lo que se deja de invertir por la disminuida comercialización del petróleo en los mercados internacionales.

A Petro lo estamos respaldando en sus propósitos, pero lo consideramos equivocado en este caso.