El presidente Santos planteó en días pasados la necesidad de acelerar el paso en las conversaciones de La Habana entre el Gobierno y las Farc y en principio tiene razón, pero hay necesidad de hacer un análisis, especialmente de los tiempos políticos de la misma, que no necesariamente coinciden con los tiempos calendario.

En principio no parece adecuado tratar de presionar unas conversaciones que requieren de sus tiempos para analizar los distintos temas y lograr construir los acuerdos del caso, es decir, las dos delegaciones necesitan el tiempo suficiente para que los temas de la agenda se tramiten y se construyan los acuerdos realistas y viables que se requieren. Pero también es verdad que el tiempo político del gobierno se agota y por lo tanto este no es un capital indefinido. Algunos analistas señalan que en un gobierno que se ha reelegido, el tiempo político realmente se reduce a los dos primeros años, porque luego los congresistas y en general las expresiones del poder político, comienzan a funcionar con la lógica de la sucesión presidencial, es decir, cuál es el o los candidatos con más opción para la presidencia en el siguiente periodo y por lo tanto el margen de maniobra política del gobierno en ejercicio se reduce. Adicionalmente el apoyo político de la coalición de gobierno se puede debilitar -mucho más preocupante esto en el caso de la actual coalición que frente a este tema del cierre concertado del conflicto armado parece con frecuencia disparando ‘fuego amigo’-, la tarea de oposición política erosionar los apoyos sociales. Así pues, es necesario que las grandes decisiones, que requieren poner en juego el poder político, se tramiten en los dos primeros años y con preferencia en el primero.

Ahora bien, la otra cara del problema es que en efecto un grupo armado irregular, como las organizaciones guerrilleras, requiere tener un interlocutor político en el Estado que le garantice que representa efectivamente a los factores de poder de la sociedad y que lo acordado se vaya a cumplir, lo cual lleva a decir que un gobierno con fortaleza política es la mejor contraparte para una negociación con una guerrilla. Pero igualmente esto plantea el problema de la sucesión presidencial, porque no se puede creer que las conversaciones para cerrar un conflicto armado concluyen con la firma de los acuerdos, este es el inicio del proceso de implementación de los mismos. Y esto conlleva un tiempo prudencial y se trata de que hayan garantías constitucionales, legales y especialmente políticas de que efectivamente se van a implementar; lo otro es un campo de incertidumbre muy complejo.

Eso nos lleva al problema de la refrendación de los acuerdos, que no solo es el hecho político de su aprobación, sino la garantía de que se introducen en el ordenamiento constitucional y legal cláusulas que garantizan la obligatoriedad de su implementación. Y al respecto surge de nuevo la discusión acerca de qué tipo de mecanismo es el apropiado, un referendo o una consulta popular o una asamblea nacional constituyente con un mandato restringido para discutir, revisar y aprobar estos acuerdos. En los dos primeros casos, referendo y consulta, lo recomendable es hacerlos vinculado a una elección ordinaria -por los temas de umbral que se requieren- y solo están en el horizonte las elecciones regionales de octubre de 2015, si no se logra ese momento quedaría todo esperando hasta las elecciones de Congreso de 2018, con lo que esto conllevaría. En el caso de una constituyente, se podría pensar en una elección especial. Pero todo esto implica tener en consideración los tiempos políticos y espero que las dos delegaciones en la Mesa de Conversaciones los estén teniendo en cuenta.