Hacer una evaluación sobre la marcha de la gestión del primer año de un Gobierno es tarea difícil, pero vamos a tratar de hacer algunas valoraciones generales, teniendo claro que se trata de una evaluación muy preliminar.
Estamos acercándonos a las elecciones de Alcaldes y Gobernadores de octubre próximo donde elegiremos nuestros gobernantes para los próximos cuatro años y por consiguiente es hora de comenzar a analizar en serio las múltiples opciones que en cada caso se pondrán a disposición de los votantes.
Ante un clima de cierto negativismo que se viene creando en relación con las conversaciones entre el Gobierno Petro y el Eln –que parece extenderse a otros ámbitos de la acción del Gobierno-, pienso que sí habrá resultados positivos de esas conversaciones, no en los tiempos en que seguramente lo quisieran algunos que poco conocen de este tipo de procesos, ni en las formas en que lo piensan. Veamos por qué hago estas afirmaciones.
Al gobierno Petro se le han presentado nuevos problemas de gobernabilidad asociados a la incapacidad de tener una coalición política en el gobierno; en sustitución se apuntó a la idea de construir gobernabilidades al menudeo en el Congreso, buscando acuerdos individuales con congresistas a cambio de dádivas en administraciones territoriales, pero eso es no sólo precario, sino altamente inestable. A ello se sumó los resultados en las elecciones territoriales, que no fueron desastrosos para el gobierno, pero tampoco fueron una gran victoria y adicionalmente el comportamiento de la economía –en buena medida asociado a variables externas-, pero que tiene un efecto en las decisiones de inversión de los empresarios y en general en disminución de la confianza y en las dificultades que atraviesa la política de ‘Paz Total’ con los dos principales protagonistas, el ELN y las disidencias de las extintas FARC. Y claro hay que agregarle las decisiones de la Corte Constitucional sobre algunos aspectos de la reforma tributaria y la emergencia económica decretada para la Guajira.
En tres de las últimas elecciones latinoamericanas, Chile, Colombia y Brasil, hemos visto que el resultado electoral refleja una polarización política.
La semana anterior desde Caracas, el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN, informaron a los colombianos y a la comunidad internacional, su acuerdo de reanudar la mesa de conversaciones que había quedado suspendida al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin duda uno de los varios pendientes de la implementación del Acuerdo entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP es lo relativo a la reforma política; por ello hay que saludar el que ya se esté presentando iniciativas en ese sentido en el Congreso.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha empezado a anunciar decisiones de política pública que sin duda muestran la intención de los cambios que prometió en su campaña presidencial y por los cuales votaron la mayoría. Es importante analizarlos, teniendo en cuenta que por el momento son anuncios de decisiones, pero aún no se conocen documentos de política pública.
BOGOTÁ. Concluyó esta novedosa pero fatigante campaña presidencial con el triunfo de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico y hoy día Presidente Electo de Colombia, con novedosas situaciones que vale la pena resaltar: un Congreso renovado parcialmente y con nuevas coaliciones políticas mayoritarias lideradas por el Pacto Histórico, los partidos políticos tradicionales averiados, pero todavía con capacidad de sobrevivencia; las instituciones electorales de nuestra democracia funcionaron mejor de lo que esperaban sus críticos permanentes y el comportamiento del candidato perdedor fue el esperado de un político en democracia, lo cual facilitó el que no hubiere cuestionamientos a la elección del ganador.
Hagamos un ejercicio de reflexión acerca de cómo se perciben las relaciones de la Fuerza Pública –compuesta por Fuerzas Militares y Policía Nacional- con el nuevo gobierno, tomando en cuenta las dos campañas presidenciales y partiendo que por principio constitucional la Fuerza Pública está subordinada al Presidente de la República quien es el comandante general de la misma y que adicionalmente la Fuerza Pública no debe ser deliberante en asuntos de política partidista; por supuesto son instituciones con una importancia cardinal en cualquier sociedad y mucho más en la nuestra con problemas de violencia complejos, que si bien no se deben enfrentar solo con la fuerza coercitiva del Estado, sí requieren la participación de ésta.