Frente a esta sombría estadística, la reciente aprobación de la Ley Sara Sofía en el congreso colombiano, representa un rayo de esperanza y una herramienta crucial para enfrentar este flagelo.
La Ley, nombrada en memoria de la pequeña Sara Sofía Galván, quien desapareció en Bogotá en 2021 y cuya trágica historia conmovió al país, establece un mecanismo de alerta digital para movilizar rápidamente a la sociedad y a las autoridades en caso de desaparición de un menor, por medio de una plataforma web que debe usar la ciudadanía para reportar la desaparición de niños, que funcionará como una inmediata red de búsqueda a nivel nacional.
Este recurso digital permite que la información sobre menores desaparecidos sea compartida con rapidez y eficiencia, e involucra a diversas instituciones clave, como la Policía Nacional, el ICBF, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades fronterizas que se integrarán en un sistema de alerta para prevenir que los niños sean sacados del país. En Estados Unidos y Europa, estos sistemas han demostrado su efectividad al recuperar en pocas horas a niños, luego de enviar alertas directamente a los dispositivos móviles de las personas en la zona donde se reporta la desaparición.
Sin embargo, la existencia de la ley por sí sola no garantiza su éxito, pues para ello se requiere que el gobierno y las autoridades se comprometan plenamente con su implementación y operación. La plataforma digital debe ser accesible, fácil de usar y contar con el respaldo tecnológico necesario para funcionar sin fallos. Además, las instituciones involucradas deben recibir la capacitación adecuada para manejar y responder a la emergencia de manera eficiente y coordinada.
La protección de los niños es una responsabilidad fundamental del Estado y de la sociedad, pues los menores son especialmente vulnerables y dependen de los adultos para su seguridad y bienestar, de tal manera que la Ley Sara Sofía, además de una herramienta para encontrar a los niños desaparecidos, es también una declaración de que, como sociedad, no toleraremos la indiferencia frente a la desaparición de nuestros miembros más jóvenes.
En el Tolima, donde estos casos ha dejado una marca profunda en la comunidad, la ley también ofrece una nueva esperanza, pues constituye una perentoria llamada a la acción para autoridades, familias y ciudadanos, pues es necesario que el espíritu de esta nueva herramienta legislativa se traduzca en acción efectiva y tangible, no podemos permitir que quede relegada a una promesa incumplida, pues cada minuto cuenta cuando un niño desaparece, y cada esfuerzo para traerlos de vuelta a salvo es invaluable. La implementación rigurosa de esta ley no solo honrará la memoria de Sara Sofía, sino que salvará vidas y asegurará un futuro más seguro para todos nuestros niños
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