Con este se busca fortalecer iniciativas productivas individuales, comunitarias y solidarias, con incentivos económicos, que van desde los cinco millones de pesos (para proyectos individuales o familiares) hasta 50 millones de pesos, para iniciativas colectivas solidarias robustas; además, contarán con acompañamiento, asistencia técnica e insumos productivos.
También, a través del programa de inclusión financiera Círculos Solidarios, se busca que los pequeños emprendedores puedan acceder con facilidad a microcréditos (entre 100.000 y 600.000 pesos) para fortalecer sus negocios, y con la Línea Creo y Economía Popular Finagro se adoptaron otras líneas de crédito.
Estos programas están dirigidos a tiendas, cafeterías, panaderías, salones de belleza, vendedores ambulantes, recicladores, artesanos y tienen como propósito entregarles capital de trabajo y alejarlos de los préstamos “gota a gota”.
Sin embargo, hay cuestionamientos a esta política, pues se corre el riesgo de que aumente la informalidad (que se asocia con las ventas ambulantes) y para el caso de Ibagué la ocupación del espacio público es verdaderamente preocupante. Ciertamente, los que se agrupan bajo el título de “economía popular” están lejos de alcanzar la inclusión de sus emprendimientos dentro de los marcos que exigen las leyes laborales y tributarias, por lo cual se consideran ilegales.
La informalidad laboral en Colombia está por encima del 55%. Es decir, que más de la mitad de los trabajadores colombianos no cuentan con los beneficios que les otorga la ley, como descansos dominicales y vacaciones remuneradas, prestaciones de ley y afiliaciones a riesgos laborales, pensión y salud.
Hay más de cinco millones de microempresas y de ellas, el 90% son informales, según el DANE. En el sector formal, también las microempresas son las más numerosas (92%). Es decir, que esta situación difícilmente variará en los siguientes años.
Habría que buscar la forma de que los negocios que hacen parte de estas economías populares reciban un tratamiento especial que les permita brindar garantías a sus trabajadores, sin que por ello se perjudiquen sus ingresos que, en la mayor parte de los casos, son para supervivencia. Adicionalmente, es esencial que se haga un acompañamiento permanente, para que estas ayudas arrojen los resultados esperados.
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