Las inversiones forzosas existen desde hace lustros en el sector agrícola. No puede ser un argumento sostenible que la figura resulta exótica y, por ende, abusiva, como ha sido una de las líneas críticas contra las propuestas lanzadas por el presidente de la República en el Foro ‘Confianza para crecer’, del pasado viernes en Manizales, donde presentó los ejes sobre los cuales pretende impulsar la economía.
Sorprende, sí, que esos ejes se hayan dado por fuera de los encuentros sostenidos con los dirigentes gremiales y empresariales coordinados por la directora del Dapre y el ministro del Interior, de los que se esperaban salieran las propuestas inmediatas para reactivar la economía, pues el ambiente en que se lanzaron las iniciativas de encuentros gobierno-sector privado y otros actores, consistía en arribar a acuerdos sobre acciones concretas para lograr tal propósito.
En todo caso, no tendría nada de raro que el Gobierno, en asocio con el sector bancario, los gremios de la producción, sindicatos y representantes de los ahorradores, entre otros, concertaran sobre medidas que destinen un porcentaje, pero del dinero público, para destinarlo como crédito barato con costo financiero pequeño a las actividades de la producción, como se viene haciendo desde hace décadas con la agricultura. Sin embargo, las particularidades del momento justifican una prevención de los ciudadanos y, especialmente, de los titulares de cuentas de ahorros y demás especies bancarias, sobre una medida que, al no haberse explicado con suficiencia, amaga con disponer de una porción de recursos privados para reactivar sectores específicos de la economía.
En efecto, si el objetivo es llevar parte del ahorro del público que está bajo custodia de la banca, a instituciones como Bancóldex, Banco Agrario, Finagro o al Fondo Nacional del Ahorro para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, vivienda, turismo, generación de energías renovables, integración digital y de infraestructura básica, que es lo que se propone, hay razones para preocuparse, pues el Gobierno no debería disponer del ahorro privado; pero no las habría si las inversiones forzosas se refieren a dinero público (del erario) depositado en los bancos.
Como lo demostró Anif recientemente, los distintos intentos de inversiones forzosas que tuvimos en el siglo pasado se debieron desmontar desde los 90 por sus desastrosos resultados, con excepción del sector agropecuario.
Lo que se esperaba dentro del plan de reactivación es que fuera con medidas inmediatas, dirigidas a crear estímulos e incentivos que permitan mayor productividad y competitividad, y no una alternativa que tomará al menos un año en el Congreso para aprobarse y ponerse en ejecución.
¿No es más tranquilizante esperar los resultados de las concertaciones que están en marcha?
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