En su momento, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación afirmó que la determinación de “declarar desierto el proceso de licitación pública” de los pasaportes, bajo la dirección del excanciller Leyva, podría haber “vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria”.
A su vez, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación por el polémico proceso de contratación de los pasaportes después de la salida de Martha Lucía Zamora, debido a la posición adoptada por la oficina que dirigía, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), frente a la demanda de Thomas Greg & Sons, que ganó la licitación como único proponente para la confección de pasaportes, que luego se declaró desierta con la motivación de que era necesario repetir la convocatoria para que se presentaran más oferentes. Zamora señaló que había intereses oscuros detrás de esa licitación.
Increíble que después de tantos meses de acaecidos tales hechos aún estemos ante la tremenda contingencia de no poder asignar a un proveedor calificado tal contrato, con lo cual por primera vez en la historia los colombianos sin pasaporte, o ad portas de su vencimiento, podrían encontrarse con las consecuencias de no poder viajar al exterior.
El actual canciller ha enviado un mensaje de tranquilidad al afirmar que está preparándose para que tal contingencia no ocurra. Sin embargo, parece estar navegando en un mar incierto.
En efecto, la Cancillería se ha sostenido en que la instrucción de Presidencia es que los pasaportes los confeccione una entidad estatal; pero es el caso que aquella entidad está invitando a empresas privadas y gobiernos extranjeros para que participen en el proceso ante la evidencia de que la Imprenta Nacional no cuenta con la capacidad para tal propósito.
Ante tantos vaivenes con este asunto de los pasaportes, cualquier opinador medianamente informado tendría derecho a preguntarse si detrás de la sucesiva cadena de desaciertos y actitudes dubitativas de los encargados de este proceso de contratación, lo que ha habido es incompetencia, soberbia, improvisación o intereses espurios.
Tal como se dijo en otro momento, sea lo que se vaya a hacer, la clave será que a 2 de octubre próximo el Gobierno les garantice a todos los colombianos que el actual o un nuevo contratista mantendrá o mejorará la calidad, pertinencia y los estándares tecnológicos y de seguridad de las libretas de pasaporte que actualmente se están expidiendo, incluido el chip electrónico que traen, todo lo cual contribuyó a que la Cancillería lograra en los últimos lustros que los colombianos fuéramos liberados del tedioso visado por decenas de países.
Es de esperar que finalmente prevalezca el interés general por encima de consideraciones subalternas, que parecieran haber primado hasta ahora.
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