Importante la discusión que se está dando tanto en el Congreso de la República como en los ambientes académicos, económicos y de opinión en torno de dos proyectos de reforma constitucional que proponen el aumento en las transferencias de la Nación a los departamentos y municipios, tal como se dispuso en el esquema original de la Constitución de 1991.
“Por las regiones firmes” es el nombre de la iniciativa que pondría a consideración de los colombianos, que dos tributos del fisco nacional (renta y patrimonio) dejen de ser de la Nación y pasen a ser de los entes territoriales, recuperándole el sentido original a la Constitución en lo relativo a la autonomía política, administrativa y fiscal de los entes territoriales, lo que fue modificado posteriormente, dejándoles a estos las responsabilidades, pero sin los recursos suficientes para la financiación de estas competencias. La Registraduría Nacional autorizó al comité promotor del referendo para iniciar la recolección de firmas, con plazo de seis meses, que culmina el 28 de diciembre próximo.
Por su parte, la Misión sobre Descentralización que se organizó a partir del Decreto 1665 de 2021, que entregó su reporte en junio de 2024, sugiere lo que han sostenido reputados investigadores, esto es, que la zona centro del país ha propiciado la inequidad y un férreo centralismo que ha concentrado las decisiones de inversión dependientes del Sistema General de Participaciones (SGP).
Con base en esto, también cursa en el Congreso un proyecto de reforma de los artículos 356 y 357 de Constitución Política, concerniente al SGP, de origen en el legislativo, por el cual se pasaría del 26.86% los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) para las regiones, a un 46,5%, lo que ha despertado el rechazo cerrado del notablato bogotano pues, en su criterio, Colombia se vería abocada a elevar su déficit fiscal y la inflexibilidad del gasto público, comprometiendo la sostenibilidad macroeconómica nacional.
Es de esperar que los congresistas no se dejen convencer de los centralistas, que siempre persisten en su afán de preservar para la capital el manejo del erario, en desmedro de las regiones, que reciben migajas rogadas, con una pérdida indigna de autonomía hasta para la realización de los proyectos más insignificantes, que deben ser aprobados en Bogotá.
Las mil excusas que lanzan para oponerse, incluida la de la famosa corrupción en las provincias, se caen por el propio peso de la realidad, si ya se sabe que la corrupción mayor se maneja desde Bogotá, y en dólares, y del poco buen ejemplo que la capital le puede mostrar al país, cuando ni siquiera ha sido capaz de hacer el metro que tienen hace decenios otras ciudades en América Latina.
Podrían incluirse ajustes para hacer graduales esos traslados de competencias; pero nada debería impedir que esta descentralización ocurra.
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