El observatorio fue creado en 2019 mediante la ordenanza 004, y se constituyó como un instrumento de monitoreo y evaluación que sirva a las instituciones para la adopción de estrategias y programas que lleven a la prevención y disminución de las vulneraciones de los Derechos Humanos.
El Tolima es un territorio con escenarios de conflicto armado, control territorial por parte de grupos armados y economías ilegales; presencia de bandas de delincuencia organizada y la existencia de desigualdades sociales, lo cual desencadena múltiples focos de vulneraciones a los Derechos Humanos.
Los datos recopilados por el Observatorio corresponden a los reportes mensuales de la Policía. En materia de homicidios, se presentaron 209, entre enero y septiembre, una tasa de 12,82 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la tasa mundial que es de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Ibagué con 58 (28%), Espinal con 19 (9%) y Flandes con 15 (7%) registran más homicidios, que se atribuyen a tráfico de drogas y control territorial. La llegada de las disidencias de las FARC ha golpeado con fuerza en las áreas rurales de Chaparral, donde ocurrieron ocho asesinatos, Planadas (8) y Rioblanco (5).
En el norte del Departamento los focos de violencia son originados por control territorial por parte de bandas de narcotraficantes y economías ilegales. Fresno (13), Mariquita (11) y Honda (4) son los que presentan el mayor número de homicidios, resultado de ajustes de cuentas y sicariatos. Icononzo, Alpujarra y Palocabildo reportan un solo homicidio cada uno. Los meses con más muertes fueron febrero (35) y enero (33), y acumulan el 27% de los casos; mayo es el que menos registra (18). Los adultos representan la mayor cantidad de víctimas (200), siguen los adolescentes (8) y los menores (1).
Las amenazas son otra vulneración de los Derechos Humanos que afecta a los tolimenses. Entre enero y septiembre se reportaron 1.581 amenazas. Los municipios con más denuncias son Ibagué, 1.092 casos; le siguen Chaparral (179), Espinal (131) y Rovira (81). Planadas con 48 y Rioblanco con 44 denuncias son los que reportan más amenazas en zona rural. Los municipios con menos amenazas son Casabianca y Melgar, con un caso cado uno. Febrero fue el mes con más denuncias (353) y septiembre, el que presentó menos (202). En los sitios con mayores amenazas se evidencia una institucionalidad débil, impunidad y desconfianza en las instituciones.
La población adulta es la más afectada por amenazas (1.475), el 96,3% de los casos. La mayoría corresponde a personas que realizan actividades de impacto social como defensores de Derechos Humanos y miembros de Juntas de Acción Comunal. En tanto que solo se reportó un acto terrorista en Anzoátegui, derivado de la aparición de las disidencias de las FARC en este territorio.
Estas estadísticas son un insumo para que la Gobernación establezca acciones puntuales, en los territorios que registran los más altos índices de violaciones a los Derechos Humanos.
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