La mayor parte de los desechos de las industrias, el comercio y los hogares son depositados en terrenos, sin mayor tratamiento, pese a que la ley acabó con los botaderos a cielo abierto y en su reemplazo creó los rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de residuos sólidos, en los cuales se debería aprovechar la mayor parte de los desperdicios para reciclaje, abono y otros usos. En el país existen 165 rellenos sanitarios, pero se aprovecha menos del 20% de los desechos.
En el Tolima hay ocho sitios autorizados para la disposición de basuras y periódicamente los vecinos se quejan por el mal manejo que les dan, ya que son causantes de contaminación de las fuentes de agua, de la proliferación de roedores, cucarachas y otras plagas, y responsables de enfermedades.
Al comienzo de este año las quejas se multiplicaron en Ibagué, donde por varias semanas falló el servicio de recolección, de manera que las calles estuvieron inundadas de basuras, y en Natagaima, donde una comunidad indígena impidió por algunos días el paso al relleno, en protesta porque el lugar había sido originalmente diseñado para recibir los desechos de ese municipio y Coyaima, pero desde 2020 se autorizó la recepción de basura de 13 poblaciones.
El aumento de las quejas hizo que la Procuraduría hiciera un llamado de atención a los alcaldes de los municipios de Ibagué, Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan y Venadillo, de la jurisdicción de la Provincial de Ibagué para que implementen acciones efectivas para mejorar el servicio de recolección y disposición de basura.
Así mismo, advirtió que las autoridades municipales deben coordinar con las empresas encargadas del servicio de aseo la recolección de basuras, la disposición final de los residuos y la promoción de campañas de cultura ciudadana, con el fin de concienciar a los usuarios sobre la hora de sacar sus desperdicios y no arrojarlos en los espacios públicos.
En fin, el ente disciplinario les recuerda a los mandatarios que deben estar al frente de las acciones para evitar que en los municipios se presenten problemas de salubridad por la inadecuada recolección y disposición de las basuras, y que este no es un asunto exclusivo de las empresas recolectoras.
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