Las cartas de los comerciantes para asegurar garantías ante Intercambiador de la 60 de Ibagué

Crédito: Suministradas / EL NUEVO DÍAReunión en el asadero Tolipollo.
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Los habitantes, negociantes y propietarios del sector, además de mostrar sus reparos con el proyecto, emprendieron una serie de acciones para ser escuchados.
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A pocas semanas de que inicie el ambicioso proyecto del intercambiador vial de la 60, los habitantes y comerciantes circunvecinos al lugar de las obras, empezaron a mover sus fichas para que en este remate administrativo, apodado por Hurtado como ‘el año de las obras’, no sean ellos quienes terminen ‘pagando los platos rotos’, por unos trabajos que, a concepto de ellos, siguen dejando más dudas que certezas.

Así lo hicieron saber varias personas cuyas casas y negocios son contiguos a la intersección de la carrera Quinta con Calle 60, lugar donde se ejecutará la primera etapa del proyecto que tiene por fin, la construcción de un puente elevado con sus respectivas interconexiones. Ello, por medio de una reunión que se efectuó el miércoles en la noche, en la cual participaron miembros de las comunas 4, 5 y 9.

Allí, en medio de una sana tertulia, se socializaron las incertidumbres y los reparos que se tienen con respecto a una obra que, por su ambiciosa envergadura, podría llevar a la quiebra a los comercios que desde hace décadas operan en la zona.

¿Sin garantías?

En la reunión se acordó establecer, de la mano de la comunidad, un conducto regular con miras a postergar la adjudicación del contrato, cuyo valor asciende a los $40.000 millones; esto, hasta que no se haga efectiva la explicación de los pormenores del proyecto y, a su vez, la expresa garantía por parte de la alcaldía de que se intentará solventar los posibles efectos adversos causados por las obras.

“Desafortunadamente se está dando una información falsa, donde se dice que nosotros estamos en contra del desarrollo de la ciudad. Como ustedes sabrán, lo que en realidad hemos dicho es que no nos han socializado la obra como debería ser”, aseguró Hollman Combariza, comerciante y líder del sector.

A razón de ello, entre las acciones que se tomarán, está el radicar un oficio, el cual fue firmado por la totalidad de los asistentes del encuentro, y que será enviado a la alcaldía, con su respectiva copia a la Procuraduría y Contraloría.

Esto, en el entendido de que, según los asistentes, a pesar de que los alcaldes deben consultar a las Juntas Administrativas Locales a fin de evaluar con la comunidad la prioridad en la inversión o ejecución de obras públicas, dicha actividad no se habría realizado, toda vez que a los ediles no les llegó la notificación formal, que permitiese hacer la convocatoria para la discusión del proyecto.

Precisamente, ese es el argumento que esgrime Efraín Ávila, presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 4.

“Esta es la hora de que colgaron en el Secop II un proyecto que, como presidente de la JAL, no conozco. (...) Por su parte, la ley 1551 del 2012 nos dice que debemos dar un concepto favorable o desfavorable, sobre este tipo de proyectos, y aun más cuando se trata de una megaobra de estas envergaduras. Sin embargo, no ha sido socializada oportunamente con la comunidad y los ediles. Por ello vamos a tomar acciones, (...) enviando un documento. Podemos estar trabajando la posibilidad de tenerla hasta el viernes, plazo para presentar observaciones”, aseveró Ávila.

De acuerdo con los argumentos jurídicos que se esgrimieron, el retrasar el inicio de los trabajos es posible, puesto que el proceso licitatorio apenas se encontraría en pre-pliegos, por lo que aún no habría un ‘amarre jurídico’ con ningún contratista; lo que a su vez, permitiría que Hurtado replanteara algunas cosas y demostrase, como se afirmó en pasadas oportunidades, que su intención no es cortar una cinta de inauguración.

“Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado que el comportamiento de Hurtado, se basa en sacar adelante muchas de sus decisiones a cualquier costo, por lo que, dependiendo de cómo suceden las cosas, tomaremos las decisiones pertinentes. Lo mejor sería que vinieran los funcionarios a poner la cara para convencernos”, apostilló Disraelí Labrador, abogado constitucionalista y exsecretario de Gobierno del Tolima, quien también estuvo presente.

¿Falsas socializaciones?

Por su parte, para los asistentes no pasó inadvertido el encuentro que realizó la Secretaría de Infraestructura el 29 de enero del presente año en el salón comunal del barrio La Floresta, en el que hizo presencia el director técnico, Diego Herrán y la jefa de esta cartera, Sharon Guzmán. Lugar desde el cual, además de explicar los detalles del intercambiador de la 60, se aseguró que no se entendía la desconfianza de la comunidad hacia la obra.

Conforme con lo expuesto por los líderes comunales, la socialización efectuada ese día carecería de toda legitimidad, en el entendido de que: primero, no se habría hecho la notificación al edil para que este hiciera la convocatoria con la comunidad y, segundo, argumentan ellos, allí se habrían presentado terceros que nadie conocía pero que, no obstante, demostraron vehementemente su apoyo al intercambiador.

“Días pasados, apareció Guzmán diciendo que unos comerciantes y habitantes estuvieron de acuerdo en la socialización del puente. Pero a nosotros nos están informando nuestros compañeros, que en la reunión hubo gente que no era de las comunas, lo que es gravísimo porque significa que terceros opinaron por nosotros”, agregó Combariza.

Desacuerdos

La presencia del alcalde en la zona, comentan los voceros, es fundamental para conversar sobre algunas preocupaciones que han quedado en ‘el tintero’.

Una de las reclamaciones más imperiosas que la comunidad hace, tiene que ver con la indemnización por parte de la entidad pública, por los perjuicios patrimoniales causados a los comerciantes en el desarrollo de esta obra pública, puesto que, según sus cálculos, aunque prometen que el proyecto se ejecutará en ocho meses, muchos negocios sólo tienen músculo financiero para sobrevivir por un trimestre.

“Aquí deberían tomar a los comerciantes y preguntarles cuánto llevan con su negocio, calculando ingresos mensuales, pago de trabajadores, entre otras cosas. Algo de lo que no hablaron en la reunión con los de la comuna 9. (...) Recordemos que ya fuimos golpeados por la pandemia y el paro nacional”, aseveró Combariza.

Asimismo, aunque en pasadas oportunidades las autoridades han querido despejar lo que para ellos son “sofismas y las malas noticias”, explicando que los recursos para la financiación y culminación de las obras se encuentran asegurados, toda vez que los mismos se desprenden de un empréstito aprobado por el concejo municipal, el temor a que los trabajos queden inconclusos y se prolonguen a lo largo del tiempo permanecen.

Dicha preocupación encontraría fundamento en las observaciones que los proponentes han realizado al proyecto, de los cuales la comunidad ha hecho eco.

“Hay que revisar y ajustar los precios ofertados de los presupuestos oficiales, debido a que hay ítems representativos como lo son el acero, concretos, mezcla densa en caliente, base y subbase granular, entre otros, que se encuentran por debajo de los precios reales del mercado, de acuerdo con cotizaciones hechas a diferentes proveedores. Además, es necesario considerar los problemas actuales a los cuales nos estamos enfrentando, debido a la devaluación del peso y la volatilidad del dólar, que ocasionan alzas significativas, que finalmente repercuten en los altos precios de insumos de la construcción”, reza una de las observaciones en el Secop II.

Por último, aunque desde la Secretaría de Infraestructura se ha asegurado que se intervendrán las calles al interior de los barrios para garantizar que las mismas estén aptas para el flujo vehicular que pasará por allí mientras se ejecutan los trabajos, de momento, afirman los líderes de las JAC, aquello avanza a ‘pasos de tortuga’.

Plantones

 

Por su parte, aunque en el encuentro se aseguró que se seguiría un conducto regular, en pro de garantizar una adecuada socialización, también se mencionó que, en caso de agotar los procedimientos legales, se recurriría a las vías de hecho para hacerse escuchar. La advertencia, en ese sentido, no son ‘palabras al aire’, puesto que en agosto de 2022 ya se realizó un plantón pacífico sobre la avenida Guabinal frente al centro comercial Acqua, debido a presuntos incumplimientos, en lo que a socialización se refiere.

 

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JUAN CORREDOR

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