José Tovar, presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Departamento del Tolima, Sindeptol, mencionó que en estos diálogos participan Sintrenal, Sintraeducación, Asdetol, Simatol, Sunet, entre otros.

“Esta es la segunda semana de trabajo porque tenemos que unificar en un solo pliego, los ocho aprobados por cada sindicato. El decreto 160 de 2014 nos obliga a unificar el pliego de todas las organizaciones y presentarlo en un cuerpo único. Posteriormente, se procede a instalar una mesa única de negociación y como consecuencia de ello se culmina este proceso con la suscripción del acuerdo colectivo 2023 – 2024 entre las ocho organizaciones sindicales y el Gobierno departamental”.   

Las organizaciones están abordando temas como el aumento salarial, permisos y garantías sindicales, bienestar social, el desarrollo de concursos de méritos para administrativos docentes para instituciones educativas para 46 municipios.

En cuanto al tema salarial, cabe recordar que el Gobierno departamental desde enero hizo el aumento del IPC, por lo que ahora lo que se entra a discutir, como se hace cada dos años, es  unos puntos de más.

“En enero el Gobernador sacó un decreto aumentando el 13.12 % que fue el IPC de 2022, lo hicieron porque es obligatorio, adicionalmente, ellos tienen claro que cuando negociamos siempre lo hacemos por unos puntos o un punto por encima del IPC para 2023 y 2024”, explicó Tovar.

Una vez se radique el pliego unificado, la Administración seccional tiene cinco días hábiles para designar a sus negociadores y dos más para instalar la mesa. Luego, se fija el cronograma de discusión que es de 20 días hábiles y puede prorrogarse por 20 más.

Tras visita de Mintrabajo

Recientemente se conoció que el Ministerio del Trabajo hizo una inspección en la Gobernación del Tolima para revisar la contratación de prestación de servicios, pues desde Sunet se expuso que al parecer existen personas que deben cumplir con funciones sin tener un vínculo laboral. En medio del proceso, al parecer un funcionario advirtió por grupo de WhatsApp que los contratistas debían salir, porque sin contrataciones vigentes “podían sancionar al jefe”.

Al abordar a Tovar sobre este particular, indicó que como sindicato desconocía el tema y se enteró por la publicación de este diario, “de ser cierta me parece una situación muy desafortunada porque estamos hablando de empleados públicos, que por su puesto debemos acatar la ley y, por supuesto, estamos obligados a prestarle apoyo a todos los órganos de control”.

Agregó, que aunque Mintrabajo no es un ente de control sí tiene facultades para hacer seguimiento en temas laborales. “Lamentamos, de ser cierto, que esa situación se haya presentado porque eso constituye un claro obstáculo”.

El sindicalista mencionó que si se llegara a demostrar el hecho, pide a la opinión pública no medir a todos los funcionarios de la Gobernación con la misma ‘vara’. “Somos personas que nos dedicamos a trabajar, colaborar para que la entidad cumpla sus metas, a prestar un servicio a la comunidad, no nos caracterizamos, ni es habitual que haya este tipo de escándalos”, concluyó. 

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