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Y es que si bien el mandatario de Cajamarca, Julio Roberto Vargas Malagón, mencionó en su momento a esta redacción que la tarifa, que corresponde al 50 % del valor estipulado, es decir $6.300, había sido aceptada por varios sectores de la población, los cabildantes aseveraron que no todos los sectores de la comunidad fueron partícipes de socialización alguna respecto a la determinación de dicho monto.
“El Ministerio de Transporte, y especialmente la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, manifestaron que por ley no iban a poder bajar más del 50 % a la tarifa”, refirió Vargas Malagón, con relación al tema, hace más de un mes.
En medio del espacio, que tuvo lugar el pasado miércoles, y que fue transmitido a través de redes sociales, el cabildante Jorge Guevara señaló: “Esas reuniones y acuerdo que hicieron, (sobre) el que no estamos de acuerdo, lo hicieron ustedes con el alcalde, no con el Concejo ni las comunidades, espero que eso quede claro, porque a nosotros nos está diciendo la gente que por qué aceptamos esta tarifa, cuando a nosotros ni siquiera nos llamaron”.
En esa misma línea se pronunció el concejal Mauricio Reyes, quien no solo aclaró que la dinámica correspondía a un ejercicio de conversación, sino que también indicó que “si bien el alcalde es el administrador, no representa el sentir de todas las comunidades”.
Movilidad
Aunado al debate suscitado por las tarifas diferenciales del peaje denominado Cocora, donde los habitantes del área de influencia deberán pagar, según resolución de la cartera de Transporte, $6.300 para el caso de Categoría I (automóviles, camperos y camionetas); $6.900 para Categoría II (buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes); $15.900 para Categoría III (camioneta de tres y cuatro ejes); afloró preocupación por tres tópicos.
Se trata de una especie de malestar por el ‘embotellamiento’ que se registra en el casco urbano, el riesgo de accidentalidad y la inquietud por conocer el avance en la segunda calzada Ibagué - Cajamarca de la cual, cabe decir, está encargado el Consorcio APP Gica, en particular, el paso de la misma por la Despensa Agrícola.
Precisamente, el cabildante José Domingo, para esbozar las dificultades del sector campesino a raíz de los traumatismos viales, expuso: “Los negociantes compran el domingo la carga y hay que entregarla en ciertos puntos y a ciertas horas, y debido a esos trancones, el negociante empieza a presionar al campesino, el ‘turbero’ llega a cargar pero no hay carga por el embotellamiento, y en últimas el que sale perdiendo es el campesino”.
A su turno, Gustavo Roa, gerente de Cootracaime, cooperativa de transporte que opera en el corredor Ibagué - Cajamarca, al igual que en la zona rural de esta última población, manifestó que la congestión vehicular deriva en el incremento del tiempo de desplazamiento.
Así pues, en el caso de los transportadores, precisó, “aumenta el consumo de combustible, el desgaste de la máquina, y hace que aumenten los costos de operación. Además, con esta congestión se incrementa el riesgo de accidentes”.
De hecho, advirtió que, como también se encuentran encargados del transporte escolar, evidencian que los estudiantes también resultan perjudicados, debido a que no llegan oportunamente a los centros educativos.
“A Cootracaime no ha llegado ningún funcionario de la ANI o de alguien que los represente a preguntarnos cuántos despachos tenemos diariamente hacia veredas o Ibagué, ¿le han llegado a la comunidad o usuarios del servicio a preguntar por qué se desplazan a Ibagué?, no lo han hecho”.
Y agregó: “Esa tarifa que han establecido ustedes, es casi que una tarifa plena de otros peajes donde las obras ya están construidas, ¿nosotros de qué nos vamos a beneficiar acá?”.
Según la resolución, para la Categoría I, II y III, se definieron en materia de cupos, 1.100, 300 y 100, respectivamente.
¿Qué dice la ANI?
Por su parte, Diana Contreras, interventora Social de la Agencia, aclaró respecto a las decisiones sobre las tarifas, que estas se configuran en el marco de una mesa integrada por profesionales financieros y jurídicos, y aseguró que las mismas “no fueron acordadas ni concertadas, ni en valor ni en número con el alcalde, fue el resultado de una mesa técnica”.
Así pues, trajo a colación el procedimiento que deberán ejecutar los habitantes tanto de Cajamarca como las veredas Coello-Cocora, Perico, La Esmeralda, El Tambo, Gamboa, Morro Chusco y Curalito de Ibagué que deseen acceder al beneficio.
En ese sentido, y en el marco de un trabajo coordinado con las secretarías de Gobierno de la Despensa Agrícola e Ibagué, la comunidad debe cumplir con una fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta de propiedad del vehículo (al nombre del beneficiario), un recibo de servicios públicos y el certificado de residencia.
Para contar con este último documento refirió que se requiere de “la cédula de ciudadanía, un certificado de servicio público, presentar certificado de sisben”, y en caso de no poseerlo es factible aportar un certificado de votación o un certificado expedido por el presidente de la Junta de Acción Comunal.
Asimismo, mencionó que las tarifas quedaron con los respectivos costos toda vez que se asegura una vía alterna. A su vez, negó que se esté obligando a la comunidad a transitar la carretera donde se sitúa el peaje.
En cuanto al embotellamiento, Contreras expresó que es un tema que le compete al Instituto Nacional de Vías, Invías, por lo que enfatizó que se trata de órganos diferentes con funciones distintas.
Respecto a la doble calzada Ibagué - Cajamarca, particularmente las obras de lo que denominó tramos 4a y 4b, reseñó que la primera opción fue realizar viaductos; sin embargo, posibles afectaciones a la movilidad de la comunidad habrían hecho que la iniciativa no tuviera luz verde.
En ese orden de ideas, manifestó que la siguiente propuesta consistió en construir bitúneles, la cual tampoco se materializó, esta vez, al parecer, por intranquilidad de la población ante posibles perjuicios a fuentes hídricas.
“En este momento estamos ante un tribunal de arbitramento con el concesionario”, reveló Contreras, quien puntualizó que las obras están suspendidas temporalmente, pero “se está cumpliendo con los compromisos que se habían adquirido en el marco de las mesas de trabajo con el señor Ministro (Guillermo Reyes)”.
Ante tal panorama, el cabildante Manuel Márquez, comentó: “Esto significa que no vamos a tener pronto doble calzada, esto va para largo, va a ser un largo tiempo de este ‘embotellamiento’”.
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