Tras el tratado de paz con las antiguas Farc, el sur del Tolima, especialmente afectado por el conflicto, había experimentado una relativa calma. Sin embargo, los municipios de Chaparral, Rioblanco, Planadas, Ataco, Prado, Dolores y Alpujarra vuelven a sentir la presencia de la violencia.

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Adriana Magali Matiz manifestó su preocupación y alertó al presidente Petro: "Hemos hecho todo lo posible para mantener la tranquilidad de los tolimenses, pero no es suficiente. Nos sentimos solos".

Señaló que está preocupada por el aumento de retenes ilegales, asesinatos selectivos y grafitis en vehículos: "Tenemos una gran preocupación porque en el último mes han ocurrido cuatro homicidios en el departamento, presumiblemente causados por disidencias de las FARC. Tres de estos homicidios, según los indicios, han sido perpetrados por desmovilizados de las mismas FARC. Además, estamos muy preocupados por hechos que no se veían en décadas en el departamento del Tolima".

Comerciantes y ganaderos de la zona han recibido mensajes intimidatorios y han sido citados a lugares específicos, lo que ha exacerbado delitos como la extorsión. Matiz indicó que se ha realizado seguimiento a estos mensajes y han confirmado que son reales y provienen de las disidencias de las Farc.

"Hacemos un llamado a la comunidad para que no pague y realice las denuncias correspondientes en la línea 165 del Gaula Policía y en la línea 147 del Gaula militar", añadió la Gobernadora.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en materia de seguridad, siguen ocurriendo hechos como un retén en la vía de Las Señoritas el pasado 23 de febrero por parte de grupos al margen de la ley, además del aumento de panfletos en diferentes zonas del sur del Tolima.

Un vehículo propiedad de un exalcalde de Rioblanco apareció con mensajes pintados que hacían alusión al grupo rebelde. "Estamos muy preocupados por estos últimos hechos que han acentuado gravemente el tema de la violencia e inseguridad en el departamento del Tolima, lo que ha generado temor y zozobra en la población", agregó Matiz.

La gobernadora anunció que en la Cumbre de Seguridad solicitará al Gobierno Nacional una asignación de infantería de Marina. "Recibo con beneplácito que el Ministro de Defensa nos haya citado a todos los gobernadores el próximo 08 de marzo, y espero que en esa reunión podamos dejar claro un plan de acción para garantizar la seguridad en nuestro departamento y en todo el territorio colombiano".

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Llamado de las organizaciones sociales

Estas declaraciones van en línea con lo exigido por la Juntanza académica, social, de paz, DDHH y víctimas a través de un comunicado, donde expresan sus temores ante una creciente ola de violencia en el departamento.

En el documento, señalaron la angustiosa situación que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz, que suman 666 personas en el Tolima, y que se encuentran en riesgo inminente.

Además, el fortalecimiento del narcotráfico en el departamento; la falta de articulación institucional y garantías para el desarrollo del activismo social y la defensa de los Derechos Humanos.

También destacaron el significativo aumento del reclutamiento de menores de edad, principalmente en el sur del Tolima, y el desplazamiento forzado. Así como el aumento de la violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQ+ en el territorio, ante la presencia de grupos armados en esas zonas del departamento.