El proyecto de apartamentos que prevé construir la firma italiana Inacar, en las 119 hectáreas negociadas con la Pía Salesiana, en áreas de la Granja Agrícola San Jorge, prendió las voces de alerta de dos expertos que recuerdan que el Ministerio de Cultura declaró como Bien de Interés Cultural de carácter nacional la estructura del colegio Amina Melendro de Pulecio y sus alrededores, calculados en 130 hectáreas.

La resolución que describe de forma minuciosa el inmueble y su entorno lo constituyen como monumento nacional. “Que el edificio principal de la Granja San Jorge consta de dos pisos y sótano y se desarrolla en torno a un patio abierto en uno de sus costados; en los tres costados restantes, los corredores se abren en arcadas de medio punto. Existe además un patio de servicios y construcciones anexas que fueron anexadas a las explotación agrícola. Sus fachadas, que presentan elementos neoclásicos, están construidas en ladrillo a la vista, proveniente del chircal de la granja.

“Que sus valores estéticos y tecnológicos se hallan en el manejo de las proporciones y en el trabajo de los arcos y columnas realizados igualmente en ladrillo. Su valor ambiental se exalta en la integridad del edificio y de su entorno de 130 hectáreas, extensión antiguamente destinada a actividades agrícolas y agropecuarias”, se cita en el documento, firmado por el ministro de Cultura de la época, Ramiro Eduardo Osorio Fonseca.

Para el arquitecto y restaurador Luis Eduardo Mosos Campos, la resolución no solo hace referencia al edificio patrimonial, sino a todo su entorno inmediato, que va relacionado con la antigua escuela agronómica, y este, a su vez, con un humedal que aunque se ha secado en un 90 por ciento, conserva la biofauna y es zona de reserva del río Chipalo.

Mosos resalta que cualquier intervención que se haga sobre el bien debe ser consultado y avalado por el Ministerio de Cultura, como lo explica la resolución.

“En aplicación a la ley 397 de 1997, todas las construcciones, refacciones, remodelaciones y obras de defensa y conservación que deban efectuarse en los inmuebles mencionados deberán contar con la autorización del Ministerio de Cultura”.

Para el ingeniero y especialista en Planificación y Administración del desarrollo Regional de la Universidad de Los Andes, Óscar Hernández Arana, no existe lugar a interpretación, puesto que la declaratoria recoge las partes patrimonial y ambiental.

Tanto para Mosos como para Arana preocupa, además de la posible intervención urbanística, la no formulación del Plan de Manejo y Protección (Pemp), que de estar, determinaría la ocupación, uso del suelo, áreas afectadas y de influencias del inmueble.

¿Responsabilidad de quién?

Mientras que para el experto restaurador, es deber del Ministerio formular el Pemp al ser un Bien de Interés Cultural a cargo de la Nación, para Arana, la Alcaldía de Ibagué debe actuar con diligencia y evitar que con proyectos que ya están en curso, debido a la densificación, se afecte el entorno, la estética de la estructura, el ambiente y el clima del sector.

“Lo que me preocupa es que aquí ya se debió haber adelantado en cumplimiento al artículo 72 de la Constitución y la ley 393, un Plan de Manejo y Protección que tiene significación en el sentido en que se puede proteger el bien, reglamentar el uso y definir la vocación. En eso se ha fallado aunque no nos podemos lavar las manos. Es una responsabilidad del Gobierno local y del Concejo, que debe pronunciarse de una forma categórica pero también a nivel nacional, pues en las manos de ellos está el proteger el ecosistema, si no ya veremos como se destruye y los ciudadanos impávidos y nadie hace nada”.

Es de resaltar que Mosos radicó en agosto el proyecto ante el Ministerio para la formulaciín del Pemp del BIC Nacional de la Granja San Jorge, proyecto que fue rechazado en septiembre.

“De acuerdo con el artículo 16 del decreto 763 de 2009, las condiciones de riesgo para definir la necesidad de Pemp en un inmueble son las siguientes: riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos urbanos, rurales y/o de infraestructura, cuando el uso represente riesgo por limitación para su conservación o definir o redefinir su normativa o la de su entorno para efectos de la conservación. En ese sentido, la Granja Agronómica San Jorge no presenta riesgos por desarrollos urbanos o de infraestructura; en cuanto al uso, es una edificación que en la actualidad alberga un uso importante para la cultura y el patrimonio de Ibagué, y por último, en cuanto al riesgo por normativa del sector, este es un aspecto que se puede mitigar a nivel territorial a través de la inclusión de lineamientos, alturas, densidades que no afecten los valores del bien, en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ibagué”.

Mosos es contrario con esta decisión, pues como se evidencia, con el proyecto de urbanismo que prevé construir Inacar no existe reglamentación alguna acerca del inmueble y tampoco se ha dado discusión al Plan de Ordenamiento Territorial.

“Es importante que las alarmas se den en torno a la preservación y protección de nuestro patrimonio, pero esto no significa que el Ministerio y nosotros estemos en contra del desarrollo de nuestra ciudad. Lo que estamos es protegiendo y salvaguardando la protección de nuestra historia y medio ambiente que no está en contravía de Ibagué”.

El Ministerio optó por aprobar la formulación del estudio para la restauración del edificio, que se encuentra en deterioro y que alberga a más de 500 alumnos y cuya capacidad servía para reunir a 250 estudiantes.

“No se identifican condiciones de riesgo que conduzcan a la definición de necesidad de un Pemp para este inmueble. No obstante la visita técnica identificó el regular estado de la conservación del inmueble, por lo cual se recomendó de los estudios técnicos respectivos para la formulación de un proyecto de intervención integral, acciones que sí constituyen una prioridad para esta edificación, pues posee valores estéticos e históricos, y en la actualidad es la sede una institución educativa importante en el desarrollo de la música en el municipio”, concluyó.

Las contradicciones Desarrollo vs. ecosistema

El director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, esta semana argumentó que a la fecha no ha sido radicado ante la entidad permiso de aprovechamiento forestal para iniciar obras en la Granja.

Sin embrago, aclaró que “programamos una visita y estaremos próximos a decidir si se otorga los permisos. Pero la comunidad debe ser consciente de que el área urbana del municipio en Ibagué es sujeto de desarrollo y en ese sentido la Corporación Autónoma Regional, en uso de sus facultades, debe autorizar o no el aprovechamiento de este recurso natural”.

Pero contrario a las aseveraciones del directivo, la profesional universitaria Carolina Londoño Zárate, en respuesta a solicitud efectuada por la Asociación de Padres de Familia del Conservatorio, el 15 de mayo de 2013, recomendó recuperar el humedal que permitiría nuevamente el hábitat de fauna acuática, así como se podría volver a tener especies de aves migratorias.

Londoño, quien hacía parte del equipo de Cortolima, recomendaba elaborar el inventario de fauna y flora de la granja para determinar las especies endémicas y establecer la franja de ronda hídrica para el restablecimiento del humedal.

“Considero que tenemos una percepción equivocada del desarrollo: las personas perciben el desarrollo como la posibilidad de adelantar proyectos urbanísticos y llenar la ciudad de concreto por todas partes, pero resulta que no trae calidad de vida, que la da un desarrollo sustentable donde estemos dando la posibilidad de garantizar el agua, un ambiente sano y una oferta de servicios públicos que a todos les dé tranquilidad.

“Desde la perspectiva de ciudad, la Granja San Jorge es un pulmón de la ciudad y está localizada en un sitio estratégico, en el piedemonte, y en esas circunstancias una intervención urbanística generaría una contaminación visual de cara a la montaña, afectando el microclima”, sostuvo Arana.