Los niños del Sur del Tolima han llevado la peor parte de las minas sembradas durante décadas por las Farc: así quedó evidenciado en una de las noches más trágicas que han tenido que vivir los habitantes de Chaparral, cuando una menor de cuatro años que jugaba con sus amigos murió al manipular un explosivo y sus compañeritos quedaron heridos de gravedad.

Esta clase de hechos, con diferentes protagonistas, se ha repetido más de una vez en esta región del país, donde el conflicto armado ha dejado 157 muertos, 15 civiles y 142 miembros de la Fuerza Pública, según la Gobernación del Tolima entre 1990 y febrero de 2015.

Pero los episodios con minas antipersonas son de mil 525 en el Departamento, y las autoridades a la fecha desconocen el número de minas sembradas, por lo que afirman que el riesgo sigue.

Pero no solo Chaparral tiene historias de muerte, mutilaciones, tragedias familiares, dolor y mucho sufrimiento: en Planadas, desde que se atacó la comunidad de Marquetalia, inició una época de sufrimiento que ha acabado con la vida de campesinos.

Esta población es una de las más perjudicadas: allí han ocurrido 143 hechos que han dejado 39 personas muertas. La región es la que encabeza los municipios con más casos en el Departamento; le siguen Chaparral, con 115; Rioblanco, con 67, y Ortega, con 48 casos entre heridos y fallecidos.

El episodio más reciente en Planadas hace menos de cinco meses, se presentó con un Presidente de una Junta de Acción Comunal que cayó en una mina, por lo que en esta región del Departamento los campesinos siguen siendo los más afectados.

Dramas como estos son los que se pretende acabar con el anuncio de desminado que se produjo en el marco de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el Gobierno nacional y las Farc.

En el Tolima se plantea que se inicie con el proceso, y así seguir salvando vidas, ya que muchas de las minas han sido instaladas en los alrededores de las escuelas más apartadas, y son los menores quienes se pueden ver más afectados, ya que son muchas las maneras como las camuflan.

La Cruz Roja seccional Tolima también ha hecho un trabajo de prevención que, según Harold Trujillo, su presidente, ha servido, pues las cifras vienen disminuyendo.

Y explicó que en este momento lo que adelantan es un acompañamiento a las víctimas de estas minas, por el que “les ofrecemos asistencia humanitaria y buscamos que la ruta de atención que tiene el Estado se cumpla”.

Indicó que desde 1990 que se tienen las estadísticas formales, cerca de 300 personas se han visto afectadas, pero no todas han seguido los protocolos, tal vez por aspectos de seguridad.

“Cuando se conocen el acompañamiento no es solo para la persona que sufrió el daño, sino también para su familia, porque el dolor es de todos sus seres queridos”, explicó Trujillo.

Y agregó que las capacitaciones son sobre el manejo al encontrar algo sospecho, y qué hacer cuando explosiona un artefacto en presencia de alguna persona.

Trujillo comentó que no existe un caso que le haya impactado, porque para cualquier persona afectada es un drama, todos tienen una connotación social de la tragedia que eso genera.

“Los más complejo es que la persona vuelva a su entorno: en un gran porcentaje no lo hace, y en eso se debe trabajar”, señaló el alto directivo.

Por último los alcaldes de Chaparral, Hugo Fernando Arce, y Planadas, David Lozada Losada, aseguran que estos municipios serán otros cuando se haya logrado desminar las regiones, que por ahora son consideradas en peligro.

Y argumentan que se salvarán muchas vidas: esperan que el proceso inicie en sus territorios.

La propuesta

El director de Derechos Humanos, Orden Público y Paz de la Secretaría del Interior del Tolima, Germán Darío Fonseca Salcedo, dijo que ya se tienen las cifras que van a entregar para iniciar ese proceso.

“El Tolima es uno de los más afectados con la violencia y el sur ha sido epicentro del conflicto, eso ha generado que la zona se hayan instalado minas”, afirmó.

Agregó que esa meta que se tiene incluida en el Plan de Desarrollo es una de las más peligrosas; “expertos señalan que desminar un territorio de una cancha de fútbol puede demorar entre uno y seis meses”, comentó.

Solo faltaría, advirtió, que los alcaldes complementen la información y así entregarla.

“Ellos instalan las minas donde calculan que habrá tránsito militar, por lo que la prevención va para las comunidades en caso de que se encuentren con elementos donde se pueden camuflar minas, eso no ha ayudado a la disminución de casos”, afirmó.

El último caso en el país

La Fiscalía General de la Nación confirmó que dos menores de nueve y 10 años murieron en la mañana del pasado viernes al caer en un campo minado en la vereda Tandil Alto, del corregimiento Llorente, Nariño.

Como Edilberto y Marlon Alexis Gonzáles Mina fueron identificados los menores, miembros de una misma familia, quienes cayeron en el campo minado de un sector en el que delinque la columna Daniel Aldana de las Farc, cuando se dirigían a su escuela.

Las autoridades están desarrollando las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades en este caso, que sucede en medio del acuerdo de desminado entre el Gobierno y esa guerrilla, firmado el pasado 7 de marzo.

La Defensoría del Pueblo anunció recientemente que brindará acompañamiento psicológico y representación legal a los familiares de los hermanos muertos.