Cumplida la jornada electoral del domingo, surge un imperativo incuestionable, un deber superior insoslayable: deponer los odios, sanar las heridas y afianzar las condiciones y bases necesarias para asegurar un proceso de paz exitoso, confiable y perdurable en Colombia.

Esta es, quizás, una oportunidad única e irrepetible para superar la confrontación fraticida que por décadas nos ha sumido en el dolor, la frustración y la desesperanza.

Colombia merece una paz con justicia social, merece dejar atrás su condición de país martirizado por distintas violencias, merece la felicidad de sus hombres, mujeres y niños, merece reconstruirse bajo el nuevo horizonte de la reconciliación.

Me uno a las voces de millones de colombianos que claman por la paz de Colombia, de los que quieren dar paso a una fase nueva de nuestra historia cuyo signo sea la concordia y el trámite civilizado y racional para solucionar nuestras diferencias, de los que quieren dejar atrás el recurso a la violencia y abrir el camino definitivo al progreso general de todos los habitantes de nuestra patria, bajo la impronta de la justicia social y la equidad.

Todos debemos constituirnos en agentes del cambio, en constructores del proceso de paz y en aliados de su consolidación definitiva. Todos tenemos desde nuestra perspectiva individual o colectiva la función de veedores comprometidos con su buen suceso.

Particularmente el Gobierno está llamado a liderar la más amplia convocatoria a la unidad en torno a la paz, en la que concurran todos los sectores sociales, económicos, culturales y las diversas vertientes de opinión política de la sociedad, que nos permita a los colombianos construir un legítimo escenario de reconciliación, como supuesto indispensable para superar la violencia, la intolerancia y la intemperancia.

Este es un momento coyuntural e histórico que nos invita a tener fe en el país, en su futuro, en su capacidad para superar el conflicto armado, en la solidez de nuestras instituciones, en la fortaleza de nuestro sistema constitucional democrático y en el talante y grandeza de nuestros líderes y gobernantes.

Las guerrillas tienen en esta cruzada nacional una enorme e histórica responsabilidad para responder con igual grandeza, seriedad y compromiso, la esperanza de los colombianos en la paz. No podrían bajo ninguna circunstancia ser inferiores a este reto impostergable.

Como Defensor del Pueblo tengo la obligación de insistir en que los ejes centrales del proceso de paz deben ser la terminación definitiva del conflicto, la garantía de los derechos de las víctimas, la perspectiva de superar las injusticias e inequidades sociales y el deber de ofrecer a las generaciones futuras un escenario que les permita disfrutar de la convivencia tranquila, del progreso integral y el goce de todos los derechos humanos.