Luego de los últimos desa­lojos realizados tanto por orden judicial como voluntarios, en la urbanización Nueva Castilla de las 530 viviendas que fueron invadidas áun quedan cerca de 200 por ser restituidas.

En el panorama que se ha observado en las diligencias contrastan dos situaciones: la tristeza de quienes se van y la felicidad de quienes llegan a recibir la casa que estaban esperando desde hace seis años y por la que habían cancelado aproximadamente tres millones 800 mil pesos.

Aunque las viviendas han sido desalojadas acatando el fallo de tutela que interpusieron los propietarios, algunos de los mismos no las han ocupado, lo cual despierta malestar entre quienes han abandonado los inmuebles y las personas que continúan residiendo allí de manera ilegal, puesto que afirman que mientras ellos anhe­lan tener un techo en dónde vivir, los adjudicatarios no ocupan las casas y por el contrario las están arrendando o vendiendo, situación que indicaría que no las necesitan.

“Hace ocho meses invadí, pero nunca ha venido el dueño. Sé que nos tienen que notificar primero para el desa­lojo, pero si viene el dueño de la casa pues uno se la entrega, pues de todos modos nosotros no estamos detrás de quitarle la casa a ninguno a las malas, sino que el Alcalde nos solucione también algo de vivienda. Hay propietarios que dicen que necesitan la casa que porque no tienen dónde vivir y se las entregan, pero ellos las arriendan, como le sucedió a una muchacha que tenía tres hijos y los sacaron que porque necesitaban las casas; la señora que vino a lavar la casa fue a quien le arrendaron; son varias casas, incluso he sabido que hay  gente que no se vienen a vivir porque les da miedo, como si uno mantuviera correteándolos”, dijo Carlos Alberto Valderrama, invasor de la urbanización.

¿Arrendatarios o familiares?

“Hubo una señora que dijo que era muy pobre y exigió que le desocuparán la casa, pero la arrendó. Me ofrecieron en arriendo por 100 mil pesos la casa Dos de la Supermanzana Uno Manzana 10, pero los dueños no dejan que nos arrienden a los invasores, sino a conocidos de ellos. Le dijimos a la Gestora un día lo que estaba pasando y nos respondieron que eso era falso y le dije ‘cómo nos va a decir que no, si a nosotros nos han ofrecido la casa’, pero llegan los dueños y afirman que no es así, que tienen otra persona y se las están cuidando.

“Si se va a comparar los apellidos con los propietarios no coincide, la gente lo cree a uno estúpido y tonto, uno se da cuenta pero mejor se queda callado para evitarse problemas. Conozco a una señora incluso que tiene una casa invadida y tiene arrendada la de ella, pero los malos acá somos los invasores, los ladrones, los que apuñaleamos y hacemos daños”, sostuvo una invasora, que pidió la reserva de su identidad.

Por su parte, María Alejandra Urbina, otra de las invasoras, señaló que algunos adjudicatarios están vendiendo sus propiedades: “Hay varias personas que están pagando entre 80 y 100 mil pesos por el arriendo y gente que está vendiendo las casas. Conozco a siete personas que las están vendiendo y tenemos las pruebas. También sabemos que no están ocupando las casas. Hace unos días desalojaron más de 12 y sólo hay una ocupada, de resto están todas vacías, como por ejemplo la Supermanzana Ocho Manzana Siete casa Tres, a la que ya le han robado algunas de sus cosas; cerca a laguna hay abandonadas más de 10 casas y las han desvalijado, nosotros cuidamos las casas”, aseguró.

EL NUEVO DÍA se dirigió algunas de las viviendas que estarían en arriendo para verificar tal denuncia y observó que con duda algunas de las personas manifestaron ser invasoras y en otros casos varios residentes señalaron que estaban cuidando la casas.

En la Supermanzana Uno Manzana Nueve casa Nueve Gerardo Escobar  acotó: “Aquí resido hace un mes. La señora me dijo que le cuidara la casa y que terminando el año se pasa porque los hijos están estudiando; imagínese de allá de Comfenalco para venirse a más de mitad de año a conseguirles colegio, entonces no les conviene”.

“La señora me dijo que aquí estaba la casa de ella, vine y miré, traje los trastos y ahí los tengo. Sé que la petición de los invasores es que si el dueño no la toma entonces que de pronto la Gestora se la adjudicará a ellos y ellos la pagan mensualmente o como acuerden y si no, pues ellos se van porque el dueño es dueño”, expresó un vendedor que labora en una de las plazas de mercado.

Con más propiedades
Sumado a lo anterior, algunos invasores denunciaron que existen adjudicatarios que tienen más propiedades dentro y fuera de la ciudad.

“Conozco personas que sé que tienen casa en otro lado y me las encontré acá y les pregunté qué hacían por estos lados y me dijeron que tenían casa acá. Hay otros vecinos que son de Rovira y ellos tienen allá propiedades. Así hay muchos y se supone que es un proyecto de interés social. Eso es un negocio”, refirió una de las denunciantes.

“A mi papá, que tiene 75 años, lo desalojaron y ahorita nos damos cuenta que ese señor (el dueño) tiene propiedades en otro lado, son cuatro casas, fuimos donde entregan documentos de propiedades, ese papel valió 12 mil pesos, y ese señor tiene carro y un taller en Bogotá”, indicó María Alejandra.

Las razones
Espacios reducidos e inundaciones fueron los principales argumentos tanto de invasores como de propietarios para no ocupar las viviendas recuperadas.

“En la parte de arriba, en la Supermanzana Uno, hay más de 30 casas que no están habitadas por los propietarios, esas fueron las que quedaron vacías en el primer desalojo, dicen que porque se mojan cuando llueve, que se les inundan los patios, que las casas son muy pequeñas y que no era lo que ellos esperaban”, refirió una invasora.

“No entiendo para qué hacen que desalojen las casas si tampoco las van a ocupar. En la Supermanzana Uno Manzana Nueve casa 13 la señora dice que todavía no se pasa porque son hartos hijos y esto lo entregaron nada más con una minipieza, la minisala y entre sala la cocina y al pie de la cocina prácticamente el baño. Nosotras somos acá mi hija, mis dos nietas y mi persona; en la pieza no tenemos sino el chifonier y la cama y en la cama dormimos las cuatro mujeres, dos con la cabeza para el lado de los pies y dos con la cabeza en el lado de arriba, es demasiado  pequeño; mi casa estaba invadida, pero me la entregaron voluntariamente y el sifón de la ducha está tapado, la alberca está rajada, la chapa de la puerta me la entregaron dañada, me tocó arreglarla”, contó.

“De todas maneras, quien no se quiera venir ya tendrá sus problemas, ya solucioné el mío gracias a Dios, porque ya no estoy pagando arriendo, sino que estoy pagando mi vivienda, ahí pequeñita, incómoda y todo, pero estoy feliz porque estoy en mi casa”, comentó Betty Polanía, una de las propietarias.

La voz

Frente a las denuncias que expresaron los propietarios e invasores el gerente de la Gestora Urbana, Javier Ángel, dijo que de comprobarse el arrendamiento o la venta de los inmuebles por parte los propietarios se aplicarán sanciones. “Ningún beneficiario tiene la potestad de ceder, subarrendar o entregar estas viviendas a otras personas para que sean usufructuadas o para que vivan allí, porque los programas de vivienda de interés social son personales e instransferibles. La normativa legal vigente establece no menos de cinco años para hacer cualquier tipo de trámite como venta o arriendo para estas personas beneficiarias; en el evento en que estas personas estén haciendo este tipo de actividades simplemente estarían vulnerando la norma y esto implicaría la pérdida de la vivienda”, dijo.

Igualmente el Gerente explicó que “los programas de vivienda de interés social son para personas que no tengan otro tipo de bien patrimonial; si hay personas que se presentaron a las convocatorias con documentación falsa y en estos momentos se logra verificar que efectivamente sí poseen más propiedades, tendrán las respectivas sanciones, porque le están violando o negando la posibilidad a otra persona. Hay que tener claro que cuando se hacen las convocatorias la Gestora Urbana simplemente es una receptora de esta información porque esta se envía finalmente a Bogotá, donde se hacen las respectivas depuraciones”, por lo cual Ángel dijo que se debe hacer la denuncia de manera formal, con el nombre de la persona, la dirección del inmueble y tener las pruebas suficientes para enviarlas al Ministerio y que éste proceda.

En cuanto al estado de las viviendas, lo que al parecer habría ocasionado que no sean ocupadas por los adjudicatarios, el funcionario sostuvo que no les cambiaron las reglas del juego: “Me sorprende mucho el hecho de que digan que las viviendas son pequeñas porque desde el primer momento el proyecto fue expuesto ante los beneficiarios; las viviendas son de interés prioritario con desarrollo progresivo en lotes de 50 metros cuadrados y vivienda construida en 35 metros cuadrados, que es lo que la norma nos está facultando.

Además, fueron sujetas de dos subsidios: uno por parte del Municipio con el lote y el urbanismo, y otro subsidio adicional por parte del Ministerio; estamos hablando de viviendas que oscilan entre los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de los cuales las personas tan solo colocaron un 10 por ciento del valor de la vivienda”.

Por último, Ángel anunció que habrá un nuevo plan de vivienda en el Sur de la ciudad: “El universo de los invasores es muy distinto al que inicialmente se creía: más del 50 ó 60 por ciento de ellos tienen casa, no son de Ibagué; sin embargo, sí hay un número determinado de personas que no tienen vivienda, que efectivamente cumplen unas condiciones de vulnerabilidad, pero el procedimiento para ellas es el mismo para cualquier ibaguereño y es que cumpla por lo menos con la inscripción acá en la Gestora Urbana, que tengan una cuenta de ahorro programado, que no hayan sido beneficiarios de algún proyecto de vivienda, que tengan Sisbén y que sean cabeza de familia, ya con eso pueden ser inscritos aquí en la Gestora.

Los invasores que desocuparon las casas han tenido la posibilidad de inscribirse a la Gestora Urbana para participar en proyectos posteriores de vivienda que se tienen que desarrollar y entre ellos estamos adelantando la elegibilidad de un proyecto en el Sur de Ibagué, pendientes a que el Ministerio y Fonvivienda nos puedan otorgar el código de elegibilidad”, refirió.

Dato:
La urbanización Nueva Castilla  es un proyecto que tiene mil 180 viviendas de las cuales están en proceso de construcción 69, que serán terminadas en esta

Administración. Dicha labor, según el Gerente, se ha demorado debido a los problemas de inseguridad y las invasiones. En total, 330 viviendas se han recuperado: más del 60 por ciento ha sido por vía persuasiva y 140 más han sido por fallo de tutela.