La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, llevará a cabo el próximo viernes 30 de mayo el Diálogo Ambiental, evento en el que se discutirá la reforma a la Ley 99 de 1993 y la legislación ambiental.

Este evento convoca a los diferentes municipios del centro del país: Tolima, Huila y el Eje cafetero, toda vez que está organizado en el marco del proceso de consulta previa a la modificación de esta Ley y posible modificación al resto de la legislación ambiental.

La consulta previa está dirigida exclusivamente a las comunidades afrodescendientes e indígenas, razón por la que el Diálogo Ambiental pretende recoger opiniones y propuestas de todos los sectores del país para que sirvan como referencia a la discusión en el Congreso de la República, una vez se cumpla dicha consulta.

Este foro pretende ser especializado por temas. Para el caso del país, se han seleccionado dos temas de interés regional y de competencias asignadas a las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales).

Estos se concentran, por un lado en el ejercicio de la autoridad ambiental en el marco de la Ley 99 y la legislación complementaria, destacando asuntos como la concertación de determinantes ambientales y ordenamientos territoriales de los municipios.

Por otra parte, también se abordarán cuestiones relacionadas con el tratamiento administrativo y financiero especial para zonas de nieves, páramos y productoras de agua, conocidas como zonas de alta montaña, además de otros asuntos relacionados con la mencionada Ley 99 y la legislación complementaria.

El Diálogo Ambiental, además de dar respuesta a los temas antes señalados, busca convocar y reunir a las autoridades ambientales de cinco departamentos como Caldas, Huila, Risaralda, Quindío y Tolima, a fin de concertar puntos específicos con respecto a la reforma de la legislación ambiental.

Este evento, surgido como alianza entre Cortolima y la Fundación Konrad Adenauer, será socializado el 30 de mayo, de 7:30 a.m., hasta las 10:30 a.m., en el auditorio de Cortolima.

Uno de los inconvenientes que se espera resolver a través de esta propuesta, es definir las competencias en materia de ordenamiento territorial, definidas por la Ley 388 y, que según Cortolima, han creado confusión especialmente en la manera en que son ejercidas.

De igual manera, se quiere determinar las actuaciones de las CAR, pues se advierte que estas vienen asumiendo estudios técnicos que superan su propia capacidad.