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El convenio que la Alcaldía de Ibagué y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suscribieron por $2.000 millones para trasladar a los sindicados de la Permanente Central a la cárcel de Picaleña no se ha ejecutado porque la Administración municipal, de manera extraña, no ha girado los recursos con los que se comprometió.
El acuerdo de las dos entidades, anunciado por el alcalde Andrés Fabián Hurtado desde diciembre de 2021, buscaba aliviar la dura problemática de hacinamiento en la Permanente, dado que, según datos de la Defensoría del Pueblo, es el sexto centro de reclusión transitorio con más sobrepoblación en todo el país.
Sin embargo, todo parece haberse quedado en intenciones. En su visita de esta semana a Ibagué, el mayor general Mariano Botero, director general del Inpec, dijo que tienen la voluntad para dar cumplimiento al convenio, pero la Alcaldía no ha transferido el monto requerido para adecuar las instalaciones donde recibirían a unas 400 personas privadas de la libertad en condición de sindicados.
“Hay un convenio que se generó con la Alcaldía pero estamos esperando a que se haga efectivo toda vez que es un acuerdo de voluntades. El convenio consiste en que nosotros recogemos a estas personas pero necesitamos los recursos para invertir en infraestructura y movilidad”, afirmó.
El funcionario enfatizó que hasta tanto la Alcaldía no desembolse los recursos, no se puede hacer efectivo el convenio ni hacerse cargo de los sindicados, pues se necesita adecuar con anterioridad los patios de la cárcel de Picaleña.
“Hoy existe una carta de intención, pero de la intención a que se haga realidad todavía falta. Le expliqué al secretario de Gobierno (Óscar Berbeo) que prácticamente estamos amarrados y si no se hace efectivo (el convenio), vamos a salir lesionados tanto él como nosotros, porque nosotros carecemos de elementos que son vitales para el servicio penitenciario”, indicó.
En síntesis, Botero afirmó que las intervenciones locativas buscan ampliar la capacidad de las instalaciones para garantizar un periodo de aislamiento, en caso de sospecha de enfermedad por Covid-19, y así evitar un contagio masivo dentro de la población privada de la libertad.
“A ellos se los pasa a un patio donde se empieza a estudiar su comportamiento para asignarle el patio del establecimiento. Entonces, lo que hacemos a partir de ese convenio, es que se puedan adaptar más patios para poder tener la capacidad y recibir las personas que están allí, pero sin dinero es casi que imposible”, comentó.
En diciembre pasado, Hurtado afirmó que esperaba que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, cofinancie la construcción de la nueva Permanente, que pasará a llamarse Centro Integrado de Justicia y tendrá una capacidad para 250 personas. El proyecto requiere una inversión de más de $16.000 millones e Ibagué, según el mandatario, es la única ciudad que ya tiene el piloto.
Alertas vigentes
Los centros de detención transitoria están diseñados para que las personas permanezcan allí máximo 36 horas, pero en algunos casos completan hasta dos años. La situación se agrava cuando el hacinamiento es altísimo y las instalaciones, como las de la Permanente, están en condiciones precarias.
De hecho, en diciembre un juzgado de Ibagué ordenó a la Alcaldía y la Gobernación llevar a cabo una serie de obras, entre otras, la construcción de celdas y baterías sanitarias, y de espacios para atención médica, recibir sol y ventilación, recreación y la visita conyugal, cuando esta sea habilitada por el Gobierno nacional, y para garantizar la alimentación adecuada.
Por su parte, la Defensoría recordó que la Permanente tiene una capacidad para 80 personas, pero la sobrepoblación se agudiza dado que existen celdas reducidas que carecen de especificaciones de construcción, estándares de seguridad mínimos y servicios sanitarios insuficientes, y, además, deficiencias en ventilación e iluminación.
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