Hace algunos días, en un debate sobre TLC en la Universidad de Los Andes, un profesor de economía defendía el comercio como variable principal en el desarrollo de los países.
Los productores de cacao se movilizaron por las calles de Bogotá para denunciar los graves problemas que los aquejan y exigir soluciones al Ministerio de Agricultura.
Con anticipación se perfilaron dificultades sobre la Cumbre de las Américas. La condición de algunos países, liderados por Ecuador, de asistir sólo si se invitaba a Cuba, hizo tambalear la realización.
Hubo dos renuncias esta semana, la de Juan Manuel Ospina, director del Incoder, y la de Antonio Navarro Wolf, secretario de gobierno de Bogotá. Los dos eran hombres claves en sus puestos. El primero, en los programas de restitución de tierras y desarrollo rural del gobierno y, el segundo, en el manejo de la política, la seguridad, la participación ciudadana y la atención de desastres.
¿Deber estar Colombia orgullosa del crecimiento económico del 5.9 por ciento en 2011? ¿Está fundado en mejoras sostenibles de la productividad o es debido a la explotación más intensiva de los limitados recursos naturales?
Se han oído sinnúmero de propuestas para tratar el caos de Transmilenio. Las empresas operadoras piden “incorporar buses biarticulados, aumentar alimentadores, ampliar frecuencias y habilitar un tercer carril”.
Así exclamó un cordobés cuando examinaba los cultivos de algodón en esta cosecha. La cartera vencida con bancos y proveedores de los productores de maíz y de la oleaginosa en Córdoba, que en total son cuatro mil predios en 25 mil hectáreas, es del 50% del monto adeudado y la recolección actual ampliará ese porcentaje.
Se llama “revolución educativa” a la orientación de currículos escolares hacia el mercado, al papel asignado a Colombia en la división global del trabajo, como productor de recursos naturales, industrias livianas, agronegocios tropicales y servicios técnicos, a refrendar la vocación de mano de obra barata.