Hoy se conocieron los primeros decretos que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro para atender la emergencia económica y social en La Guajira, la cual se estableció el pasado 2 de julio.

Uno de los que ya se hizo público es el 1276 del 31 de julio de 2023.

Con este se quiere dar soluciones energéticas en La Guajira, y para esto se incluirá en las facturas de energía eléctrica un valor denominado “Aporte Departamento de La Guajira”, por $1.000 por factura que deberán pagar obligatoriamente los usuarios de estratos 4, 5 y 6.

En el marco de la emergencia económica y social en La Guajira se expidieron varios decretos, uno de ellos es el 1276, el cual da facultades para generar un cargo en las facturas de energía eléctrica de los usuarios de estratos 4, 5 y 6.

Para usuarios comerciales e industriales, el cargo será de $5.000. Con esto, en el documento se asegura que se podrían recaudar más de $51.000 millones.

En el decreto se argumenta que “a partir del estrato 4, los valores promedio a pagar son superiores a $100.000, de manera que se tienen usuarios con una capacidad de pago que permite generar un aporte en el valor a pagar de cada factura que no afecte de manera sustancial su condición de pago”.

Y se agrega que de enero a mayo se ha realizado la prestación del servicio a un promedio de 3.216.987 usuarios pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 y de sectores comerciales e industriales.

“El porcentaje de estos usuarios corresponde a 19 % del total de usuarios del país, que como se indicó, corresponden a los usuarios que mayor valor a pagar mensualmente tienen, y cuyo poder adquisitivo pudiera aportar para la condición de emergencia”, se lee en el documento.

Con todo esto, el objetivo del Gobierno también es financiar parte de los $1,56 billones que se requieren para lograr la universalización del acceso a la energía eléctrica en la Guajira.

Esta medida podría extenderse más allá del término de seis meses, si así lo decidiera el Congreso dentro del año siguiente.

Cabe recordar que entre otros temas que se implementarán en el marco de la emergencia esta la creación de un Instituto de Gestión de Aguas para garantizar el acceso y saneamiento básico en el departamento. También se implementará un piloto de la reforma a la salud que actualmente está en trámite legislativo.

¿Política asistencialista?

Ante esta decisión del Gobierno, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, explicó que, en Colombia, desde la creación de la las leyes 142 y 143 de 1994 existe un sistema de subsidios y contribuciones que ha permitido que los colombianos de mayores ingresos y de estratos altos, así como del sector comercial e industrial, aporten para garantizar el suministro de energía.

Así como la confiabilidad en la prestación del servicio a los colombianos de menores posibilidades de los estratos 1, 2 y 3.

“Esta medida recoge la filosofía de dicho sistema, con la diferencia que en esta ocasión, la clase media y media alta que hace parte del estrato 4 entra a contribuir”, precisó Vera.

Gobierno Petro decidió que usuarios de estratos 4, 5 y 6 pagarán $1.000 más en sus facturas para garantizar energía en La Guajira

El experto advierte que lo fundamental es que sea una medida temporal y excepcional, que vaya acompañada de acciones e inversiones muy precisas que permitan garantizar la provisión de energía en La Guajira y que dichos recursos no terminen difuminados en gasto improductivo y que no permita corregir estructuralmente la situación actual en dicha región.

“Si es así, creo que es una medida adecuada y redistributiva, en la cual un grupo importante de la población hace un esfuerzo por ayudar y beneficiar a sus compatriotas en momentos de dificultad, pero exige una gran responsabilidad del Gobierno en su control y adecuada y pronta aplicación”.

Vera recalcó que esta decisión no debe convertirse en regla general, dado que generalizar este tipo de medidas, sería una señal inadecuada para la población colombiana, tanto para los que tendrían que contribuir por sus impactos económicos, como para los que reciben este beneficio, que no deben depender en su desarrollo económico y social de políticas asistencialistas.

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