En recolección de material probatorio está la Procuraduría General de la Nación en medio de la investigación en contra de la Cancillería por la adjudicación fallida del millonario contrato para expedición de pasaportes, que tenía un único oferente y que había prendido las alarmas de los órganos de control.

"El delegado de la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación visita la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de recaudar pruebas dentro del proceso de investigación abierto al Canciller, Álvaro Leyva Durán, y al secretario General, José Antonio Salazar Ramírez, luego de que decidieran declarar desierta la licitación para la expedición de pasaportes", afirmó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

La Procuraduría buscará determinar si en la decisión de la Cancillería se infringieron principios de la contratación estatal, y si la conducta de los servidores es causal de falta disciplinaria o se actuó al amparo de exclusión de responsabilidad.

Las investigaciones del Ministerio Público se dan luego de que el canciller, Álvaro Leyva Durán, declarara desierto una millonaria licitación para la expedición de pasaportes, que solo tenía un oferente y era el mismo que hoy en día tiene el proceso diplomático.

El contrato no adjudicado

Luego de aplazar en tres oportunidades la adjudicación de un millonario contrato con una empresa para la expedición de pasaportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Álvaro Leyva Durán, echó para atrás el contrato que superaba los $599 millones.

Si bien es cierto que los órganos de control habían prendido las alarmas por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación, el anuncio de la Cancillería pone en riesgo la expedición de pasaportes en Colombia, toda vez que la empresa que tiene a cargo este proceso, tiene vigencia con el Gobierno Nacional hasta el próximo 3 de octubre y no se podrá renovar.

La Contraloría General de la República había advertido en medio del cuestionado proceso que en el país podría existir un detrimento patrimonial, mientras la Procuraduría confirmaba que los trámites de ley se habían surtido de forma correcta.

La crisis de expedición de pasaportes en el país podría darse debido a que la empresa Thomas Greg, que era la única que registró como oferente del proceso, no tendrá ahora el millonario contrato que fue cuestionado.

Por este presunto direccionamiento del contrato, desde diferentes sectores habían prendido las alarmas debido a que la empresa que tiene hoy en día el trámite, y que incluso tuvo un otrosí, podría ser la única beneficiaria en medio del proceso.

Por ahora la Cancillería no ha entregado detalles de qué se hará en este caso o si se hará una nueva licitación para adjudicar el millonario contrato para expedir pasaportes.

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