RESUMEN AGENCIAS
Un hecho doloroso se presentó en el municipio de Palmar de Valera, Atlántico, donde una mujer asesinó a sus tres hijos y luego intentó suicidarse propinándose varias puñaladas.
La tragedia ocurrió en el sector La Dicha, del barrio Alfonso López de esa localidad.
Los niños fueron asesinados el miércoles en la noche con arma blanca, por Johana Montoya, quien tiene entre 23 y 24 años. Los cuerpos fueron encontrados amarrados, amordazados, con vendas en los ojos y escondidos debajo de la cama, relató una vecina de la vivienda donde ocurrieron los hechos.
Dijo que desde tempranas horas solamente se escuchaba el sonido del televisor, pero que desconoce los motivos que tuvo Johana del Carmen para asesinar a los tres niños, identificados como Luis Enrique López Montoya, de 3 años de edad; Katy Johana Montoya, de 6 años, y Abinadá Jesús Montoya Rosario, de 10 años.
El hallazgo
Celia Cruz Torres Suárez, secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, indicó que el compañero de la mujer desde hace dos años, Wilson Díaz Reales, salió de su casa a las 5:30 de la mañana y regresó a las 9 de la noche, luego de trabajar en un granero del barrio Las Flores, de Barranquilla.
El hombre relató que llegó a la vivienda y no pudo abrir la puerta porque estaba trabada. El televisor tenía el volumen muy alto, por lo que a gritos llamó a su cónyuge.
Al no tener respuesta, acudió a la ayuda de un vecino para derribar la puerta y se encontró de frente con la macabra escena.
Procurador condena hecho
El procurador, Alejandro Ordóñez, calificó el hecho de vil y condenó el asesinato de los tres niños.
En su criterio este caso y los recientes actos de violencia en contra de menores en el país evidencian la necesidad de generar políticas públicas articuladas y eficaces de protección a los más vulnerables.
El jefe del Ministerio Público ordenó la creación inmediata de una comisión especial de procuradores judiciales de Infancia para que se desplace al lugar de la tragedia.
Igualmente, dio instrucciones a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales para que cree una agencia especial que intervenga en el proceso y garantice el debido proceso, la defensa de los derechos fundamentales de los familiares de las víctimas y que se llegue a la verdad de los hechos.
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