Pensar en la posibilidad de derogar la Constitución de 1991 –o partes esenciales de su estructura- como culminación de un proceso de paz, no sólo constituye un peligroso salto al vacío institucional sino un adefesio electoral de inimaginables repercusiones políticas en el futuro colombiano.
Colombia puede estar ad portas de un cambio político de extraordinaria importancia democrática. Mientras en la cúpula del poder se agudizan las ofensas personales, más no políticas conceptuales, el modelo de desarrollo impulsado por Uribe y Santos hace agua.
Sin existir académicamente aceptado, en los últimos meses en Colombia está surgiendo serena e imperceptiblemente, a imagen y semejanza de lo establecido para los cambios climáticos y derechos humanos, un especial sistema de alertas electorales que en algo miden la intención de voto para el próximo debate de elección de Presidente de la República en 2014.
Vuelve y juega: aumentar las penas para disminuir delitos y violencias. Otra vez el Gobierno Nacional, -en esta ocasión a través del Ministro de Defensa- presentó ante el Congreso hace dos días un proyecto por el cual “se dictan medidas contra la criminalidad y la financiación del terrorismo”.
El tema agrario, también tiene cosas agradables: nos lleva a recordar, pensar y soñar en el campo. Las nuevas generaciones, cuyas existencias han transcurrido en su mayor parte en las áreas urbanas no tienen esas vivencias que son patrimonio de quienes ya habitan del piso quinto existencial para arriba en cualquier ciudad colombiana.
Alrededor del paro agrario se presenta un complicado asunto de comunicación que evidencia el papel poco imparcial de los grandes medios de comunicación nacional frente los temas cruciales que vive el país.
Una nación que cuente con partidos políticos serios, conceptualmente bien definidos, organizados, con estructuras internas participativas, de seguro, puede afirmarse que vive en permanente construcción y vigencia de la democracia integral como forma de orientación social y también de vida cotidiana.