La importancia de las veedurías ciudadanas radica en su papel de investigación y seguimiento a través de la persistencia en la observación sobre temas que afectan los derechos de las comunidades.

Desde el inicio de este gobierno, la narrativa del presidente Petro ha sido que todas las personas que han hecho empresa y país con esfuerzo son oligarcas y ladrones, como si tener éxito fuera un pecado. Bien lo dijo Eduardo Pacheco, presidente del Grupo Colpatria: “La empresa privada no está de moda en Colombia en estos días.

Por razones de estas líneas, tengo que confesar que mis miserias, las materiales, comenzaron muy pronto. Angustias que fueron mitigadas por la extraordinaria idea de mi padre, un zapatero remendón, de impulsarme a vender lotería en el pueblo, en la zona cafetera de Colombia, desde los cinco años y medio. Y, en adelante, cualquier venta callejera. Por alguna extraña razón, no pensaba en tiempos oscuros. Al contrario, me arrojé a quijotescas aventuras, como estudiar en Bogotá, sin un centavo y sin conocer a nadie. Cada hazaña era seguida por una nueva utopía hasta adelantar posgrados en varios países y trabajar en el Banco Mundial en Washington D.C

La viabilidad democrática consiste en combinar lo prometido con lo posible. Solo han pasado seis meses del gobierno Petro. La avalancha de propuestas de reforma en discursos trinados y perorados desde redes, podios y balcones han hecho parecer que el tiempo corre a velocidades cuánticas. Ha pasado un semestre no más de los ocho que son del Presidente.

¿Mala o deficiente Planeación? ¿Falta de control y seguimiento? ¿Falta de gestión? ¿Cuál de estas preguntas sirve para explicar, el porqué de la no entrega oportuna de las Instituciones Educativas en Ibagué? No es entendible que se diga desde el gobierno que se está trabajando por una educación pertinente y de calidad para nuestros jóvenes cuando se incumple en forma reiterada con la entrega de la infraestructura donde precisamente se debe desarrollar las diferentes acciones educativas, me refiero a las instalaciones físicas o como llaman otros los ambientes educativos.

La reforma a la salud sigue dando de qué hablar. Su contenido es tan polémico y tan complejo que alcanza hasta para generar controversia al interior del mismo gobierno. La carta que se conoció este fin de semana, firmada por los ministros de Hacienda, Educación y Agricultura y el director de Planeación Nacional, es más que diciente en ese sentido y ya generó consecuencias en la conformación del gabinete.

Muchos en el país nos levantamos a diario con pánico de cuál será el anuncio del día del presidente Petro. En las últimas semanas, hemos lidiado con un dirigente que pareciera estar más preocupado por los likes que por gobernar. Todas sus declaraciones improvisadas generan temor e incertidumbre, afectando sin duda alguna la economía, el empleo, el bienestar y la confianza de los colombianos.

Desde que apareció el articulado de la reforma a la salud hace dos semanas han llovido las críticas a la propuesta. Los cuestionamientos se han concentrado en cuatro frentes. Primero, que el tránsito de EPS a Centros de Atención Primaria (CAPS) será caótico y que no hay claridad sobre quién va a gestionar los servicios para los pacientes con enfermedades que superen el ámbito de la atención primaria.

La reforma a la salud del presidente Petro destruirá un sistema que para que funcione nos ha tomado unos 40 años. Las EPS son el corazón del sistema.

Cuando el Estado colombiano ha incentivado por medio de subsidios la compra de vivienda, tiene como finalidad dos objetivos: 1) Incentivar el empleo. Según el Dane, en 2021, 1,02 millones de personas se emplearon en este sector. 2) Reducir el déficit habitacional. Según el Dane, en 2021 se necesitaban 5,4 millones de viviendas para cubrir este faltante, principalmente en los estratos 1, 2, 3 y en menor porcentaje el 4.