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Lo que hay detrás es un choque de visiones en temas como la participación comunitaria, la autonomía territorial, la sostenibilidad y la planeación económica, que tiene como consecuencia una polarización que no le conviene al productor agrícola ni al desarrollo regional de Colombia.
Por un lado, se defiende un modelo de gobernanza que busca la protección de los suelos y el agua. Por otra parte, mandatarios locales defienden la autonomía territorial y la capacidad de elección del modelo económico, incluyendo otro tipo de actividades productivas, como la minero-energética y la ganadera, complementaria a la vocación agrícola del territorio. La conclusión de este debate es que independiente del fin de cualquier figura de gestión territorial, la implementación necesita consenso entre los diferentes niveles de gobierno, con el fin de concertar objetivos y facilitar su ejecución. Ante este escenario, es importante analizar las figuras y cuáles son sus principales objetivos, toda vez que el departamento del Tolima presenta zonas de importante potencial hídrico donde pueden ocurrir tensiones y choques.
Las figuras Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) son aquellas zonas dentro de la frontera agrícola que son estratégicas para la producción de alimentos por la fertilidad de suelos y la disponibilidad de agua. Es el primer paso para convertir las zonas en Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), las cuales tienen como principal objetivo mantener la funcionalidad agrícola en el tiempo, amparándose en el artículo 65 de la Constitución Política, el cual garantiza la protección del Estado a la producción local de alimentos. La anterior figura, se suma al campesinado como sujeto de derechos.
Sin embargo, estas figuras no están consensuadas y existen tensiones sobre ellas. Principalmente se evidencia tres posibles choques territoriales al convertir una zona en APPA. En primer lugar, las disposiciones sobre este territorio son de obligatorio cumplimiento, modificando las competencias de los municipios de disponer sobre el uso del suelo. Al cambiar las instituciones es inevitable problemas técnicos al ajustar los instrumentos de gestión, como los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo. Además, al cambiar las competencias de nivel de gobierno, dificulta la coordinación, subsidiariedad y complementariedad, afectando la calidad de la política pública agrícola.
El segundo choque que se puede dar consiste en planificar el gasto según el tipo de tenencia y no de acuerdo con la necesidad del territorio. Las ZPPA y APPA tienen como prioridad los usuarios de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, priorizando la inversión en zonas que tengan mayoría de área o usuarios bajo este sistema productivo. Ante la complejidad que existe en la tenencia de tierras, es inevitable que se presenten casos en los que se combinen diferentes extensiones productivas y sea estratégico un abordaje integral.
El tercer choque se trata sobre la vocación y uso del suelo, tema central para los ingenieros agrónomos. En la figura se busca prohibir varias actividades económicas que fomenten la pérdida de suelo para la producción de alimentos, sin dejar claro cuáles son los criterios de selección de estas actividades, si se va a tener en cuenta la complejidad de sistemas productivos agropecuarios o nuevas prácticas de conservación como la ganadería regenerativa. Sobre este aspecto es fundamental incluir organizaciones científicas, asociaciones de profesionales, académicos y demás actores para que den sus conceptos, de manera que los criterios de implementación realmente sean productivos y ambientales.
Sobre este punto, el riesgo es que el debate se politice y no se escuchen voces técnicas para buscar soluciones que concilien posiciones. Por un lado, los planes de ordenamiento territorial gestionados por los municipios son instrumentos que han demostrado ser vulnerables a intereses particulares, dejando a un lado la protección ambiental y la producción de alimentos, objetivo fundamental de acuerdo con la Ley 338 de 1997. Por su parte, el gobierno central no puede desconocer la importancia de los gobiernos locales en la implementación de cualquier figura de gestión territorial, tema en el que falla el diseño de las ZPPA y APPA. Si de verdad se quiere garantizar la producción de alimentos y el bienestar ambiental, la decisión debe ser de carácter técnico en un marco de gobernanza colaborativa.
Para el departamento del Tolima la Resolución 352 de 2024 del Ministerio de Agricultura determina la primera ZPPA en el corredor agropecuario de la zona noroccidental del departamento, en circunscripción de los municipios de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno. Es un reto para la gobernación, las alcaldías y la sociedad organizada lograr consensuar la delimitación, coordinación y alcances de esta figura sin afectar la vocación productiva. Dicha decisión debe ser técnica, armónica, preservando las competencias territoriales y el estilo de vida de sus pobladores, entendiendo que el desarrollo rural se fomenta con política pública realista y no con imposiciones reglamentarias.
Luis Armando Castilla Lozano
I.A. M.Sc. Ph.D.
Presidente ASIATOL
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