Bastante polémica generó la decisión de trasladar a Jesús Santrich a una sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá. El exguerrillero y quien luego de que las Farc firmaran los acuerdos de paz, fue capturado por mantener vínculos con el narcotráfico mexicano; decidió entrar en una huelga de hambre, y por cuenta de ello, el Gobierno nacional lo envió a una fundación amparada por la iglesia católica.
El asunto, ha causado indignación por parte de la opinión pública, puesto que, en el Acuerdo firmado, quedó explícito que aquel guerrillero que cometiera delitos luego de la firma de paz, sería juzgado con total normalidad. El caso de Santrich, además de convertirse en un chantaje para buscar su libertad, por parte de Iván Márquez, quien ha dicho que, si este muere preso, se acaba la paz; ha puesto a la iglesia en una posición bastante incómoda, pues el episcopado ha sido blanco de duras críticas sin siquiera merecerlo.
Lo primero que hay que decir, es que la decisión de enviar a Santrich a una sede religiosa, ha sido estrictamente del Gobierno por cuenta del deterioro de su salud. Lo segundo que urge aclarar, y que incluso ha suscitado divisiones dentro del episcopado colombiano, es que la iglesia está cumpliendo exclusivamente con un acto humanitario, y por ende, no es a ellos a quien se les debe reclamar, como algunos opositores del Gobierno han hecho e incluso muchos católicos. Lo tercero, y aunque ya muchos lo saben, cabe recordar que Santrich no es ningún prisionero político, tal y como lo han querido hacer ver algunos.
En efecto, la decisión por parte del Gobierno no fue la más prudente, pues el lugar para Santrich, tal y como ha manifestado Monseñor Alirio López, debería ser una cárcel, y no una fundación de paso para personas que, si bien han cometido errores, no han burlado a la justicia, tal y como ha ocurrido con Santrich. Sin embargo, no por ello, se debe responsabilizar a la iglesia, quienes antes de recibirlo, establecieron unas condiciones, tales como respetar las decisiones de carácter judicial, no obstaculizar los procesos, y por supuesto, apelar al principio de defensa de la vida humana, profesado por dicha religión.
Hoy el caso Santrich es una de las papas calientes más difíciles con las que tendrá que lidiar lo que queda de Gobierno, y lo que le espera al próximo Presidente, pues al saliente, al parecer le ha quedado grande, y ha terminado por defraudar a quienes aún creían en él por cuenta de la paz. En caso de que Santrich muriera en prisión (ojalá no fuera así), no sería la primera vez que un convicto decide “dejarse morir” por cuenta de una huelga de hambre. Bobby Sands, exmiembro del Ejército Republicano Irlandés, murió en prisión en 1981 luego de 27 días de protesta.
En ese entonces Margaret Thatcher, manifestó: “Sands eligió llevarse su propia vida. Una opción que su organización no dejó tomar a muchas de sus víctimas”. Cualquiera pensaría hoy que se está hablando de Santrich.
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