La prevención del suicidio se halla en los programas de salud mental

Desde que fue entregado el segundo puente de la Variante de Ibagué, los ciudadanos comenzaron a solicitar la implementación de algún tipo de barrera que disuadiera a las personas que intentaran lanzarse desde allí.

Los hechos suicidas que se presentan en el puente causan un gran impacto en la comunidad, por lo cual las autoridades y los mismos ciudadanos emprendieron acciones para tratar de contener este fenómeno, como la instalación de un puesto de vigilancia permanente para reportar e impedir que estos intentos se cristalicen. De esta forma, se ha conseguido persuadir a algunas personas para que cambiaran su decisión.

Tiempo después, en 2021, la Personaría de Ibagué, atendiendo el clamor ciudadano, interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Tolima que fue fallada en febrero del año pasado, en favor del demandante. El Tribunal ordenó, entonces, a la APP Gica y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que intervinieran el puente.

Esta decisión fue apelada y, en segunda instancia, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la Personería. Entre los argumentos para rechazar la demanda se encuentran que las obras adicionales podrían añadir peso y afectar la estructura del puente. Además, señala el fallo: “La infraestructura vial en sí misma no es el detonante, ni promueve o propicia la conducta suicida en la ciudad de Ibagué”. Adicionalmente, el Consejo de Estado evaluó los casos de intento de suicidio que se registraron en 2021 y estableció que en la mayor parte de ellos no se emplea este método.

Así mismo, el alto tribunal cuestionó los planes de prevención de la Alcaldía y enfatizó que, aunque están bien encaminados, no han producido efectos en el largo plazo. “Si la referida problemática de salud mental no se aborda desde sus causas y determinantes, sino con la óptica de mitigar sus consecuencias, los índices de bienestar y calidad de vida de los ibaguereños no van a mejorar”, reza la sentencia. Por ello, el Consejo de Estado pidió a la Alcaldía evaluar la efectividad de las estrategias que está empleando, en un plazo de tres meses, y, en caso de ser necesario, modificarlas.

La historia no ha terminado aún, pues hace unos días, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad admitió una tutela que solicita la instalación de elementos que impidan que más personas se lancen desde el puente. Lo que sí es cierto es que la Alcaldía tendrá que mejorar sustancialmente sus programas de prevención del suicidio y atención en salud mental, ya que son el mejor camino para enfrentar esta problemática.

El Nuevo Día

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