La pesadilla de la violencia

“Las comunidades están agobiadas y agotadas por el deterioro pronunciado de la tranquilidad y la convivencia, por vivir entre el fuego cruzado...”.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó recientemente que en lo corrido de este año ha habido 56 masacres en el país, siendo las más recientes la del 7 de octubre en Toribío, en el norte del Cauca, municipio en el que tres hombres fueron asesinados en una discoteca presuntamente por la disputa criminal que hay entre disidentes de las Farc y el Eln; o la del domingo 13 en la noche en el municipio de Acevedo (Huila), cuando al menos 15 hombres armados irrumpieron violentamente en la vereda Playitas, asesinando a tres personas.

Ni qué decir los crecientes ataques a militares y policías, como el del pasado 7 de octubre, en el que 9 militares resultaron heridos, en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, con artefactos explosivos.

Estos terribles sucesos ocurren en distintas regiones del país singularmente por los enfrentamientos entre bandas criminales por el control del territorio, de los cultivos ilícitos, de las rutas del narcotráfico y de la minería ilegal.

No es una novedad afirmar que la política de Paz Total, dirigida a reducir la conflictividad en comunidades históricamente sometidas a la confrontación entre grupos violentos, padece de una profunda crisis puesto que las treguas y los ceses al fuego unilaterales e, incluso, los bilaterales pactados con guerrillas tradicionales o las disidencias de estas, que por varios meses posibilitaron un descenso en las masacres, ya no logran contener la disputa entre estas bandas, especialmente la que se da entre disidentes del Estado Mayor Central y la guerrilla del Eln, sobre todo en el Cauca.

Las comunidades están agobiadas y agotadas por el deterioro pronunciado de la tranquilidad y la convivencia, por vivir entre el fuego cruzado.

La grave crisis humanitaria que se vive en al menos 13 departamentos ha sido reconocida por el jefe de la misión de paz delegada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su reciente informe trimestral sobre la implementación del proceso de paz.

Si a lo anterior se suma la alerta que la Defensoría del Pueblo lanzó sobre el aumento del reclutamiento de menores en Cauca, queda claro que, sin una acción integral del Estado en las áreas históricamente vulnerables, esto es, no solo con presencia militar sino, especialmente, con inversión social y acompañamiento a las comunidades, no habrá Paz Total aplicable en estos territorios.

Se valora la avanzada del alto Gobierno que el pasado domingo visitó El Plateado, un corregimiento del municipio de Argelia (Cauca), suroeste del país, visita en la que el Ejército Nacional lanzó el sábado una operación para retomar el control que tiene en la zona una disidencia de las Farc.

Llevar una poderosa oferta institucional del Gobierno a estos territorios es complemento indispensable de los operativos de recuperación, lo cual requiere legitimar la Paz Total con resultados tangibles.


 

REDACCIÓN JUDICIAL

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