Gracias a un pacto ciudadano que firmaron los vendedores ambulantes de la carrera Tercera con la administración local en 2017, desde el lunes de la semana pasada los ocupantes ilegales del espacio público abandonaron sus lugares habituales y se trasladaron a las calles aledañas a este importante eje vial.
El director de Espacio Público de la Alcaldía, Jhon Ferley Amaya, manifestó que con este acuerdo se busca que la vía esté despejada durante todo el año. Así mismo, informó que la administración municipal está trabajando en estrategias que permitan la recuperación de la Tercera, sin vulnerar el derecho al trabajo de los vendedores.
Sin embargo, el pacto no fue acatado por unos 30 vendedores informales que siguen con sus puestos sobre la Tercera porque, aseguran, la reubicación en las calles no es beneficiosa para sus ingresos, pues allí venden menos.
La ocupación del espacio público en la Tercera ha sido el problema recurrente de las administraciones de las últimas décadas. Lo cierto es que la alta informalidad y la falta de alternativas laborales son los mayores obstáculos para conseguir que los ocupantes ilegales abandonen sus puestos.
Las autoridades habrán de contemplar diferentes estrategias como la reubicación, la implementación de proyectos de reorientación de actividades productivas para los vendedores y mantener la vigilancia para evitar la invasión por parte de otras personas. Habría que analizar qué tan conveniente sería construir un centro comercial para reubicar a los informales. Recordemos que durante el mandato del cuestionado alcalde Jorge Tulio Rodríguez (2000-2003) se construyó un centro comercial en la calle 19 con carrera Tercera, que resultó ser una pésima inversión, pues los vendedores se negaron a trasladarse allí y la obra quedó abandonada por muchos años.
La Alcaldía tiene en este momento una magnífica oportunidad para implementar un programa de largo aliento, ya que los ocupantes ilegales tienen la disposición de cooperar. Para ello es necesaria la participación de los actores económicos, institucionales y sociales (vendedores, comerciantes formales, autoridades, los usuarios de a Tercera y, representantes de la comunidad), pues todos los ciudadanos tienen responsabilidad con la protección del espacio público.
También es recomendable conocer experiencias exitosas de otras ciudades o países de Latinoamérica y articular diversas estrategias y políticas a largo plazo que permitan la aplicación de programas que entreguen resultados progresivos, y que cumplan los objetivos planteados.
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