Un debate de control político a la fundación Peces Vivos volvió a poner sobre la mesa las problemáticas que siguen vulnerando los derechos de los niños en el Tolima, entre ellas, está la falta de atención oportuna para diferentes tipos de discapacidad y el abuso sexual.

Para este debate, la duma invitó nuevamente al director de la regional del Icbf, Óscar Ríos Salazar, y a la directora Nacional, Karen Abudinen, quienes no asistieron. Ríos Salazar por medio escrito indicó que no fue informado oportunamente del cambio de fecha del debate, por lo que solicitó ser avisado oportunamente de un próximo llamado.

Hecho que fue cuestionado por todos los asambleístas, ya que son varios los interrogantes que se mantiene y crecen. Ante la relevancia del tema se optó por desarrollar el debate sin la presencia del funcionario.

Peces Vivos

Con respecto a la Fundación Peces Vivos, la secretaria de Salud, Sandra Torres, contó que hasta el 30 de agosto se empezó a enterar de las presuntas irregularidades de la entidad y que días después fue citada por la dirección de la regional del Icbf, para adelantar una visita de inspección.

También indicó que su despacho no recibió denuncias.

Torres expuso que en mayo la fundación tramitó la apertura de servicios como enfermería, nutrición y dietética y sicología, luego en junio solicitó el permiso para medicina general y psiquiatría.

Y el 22 de septiembre se ordenó una visita de inspección, vigilancia y control, día en el que se procedió a cerrar el consultorio y los servicios anteriormente mencionados, porque no cumplían con las requisitos necesarios.

Asimismo, agregó que este despacho adoptó las acciones que le permitió la ley desde el campo de la salud.

Navidad adelantada

Por otra parte, en medio de la sesión, el diputado Eutimio Ballesteros, preguntó sobre el convenio de $12 millones 500 mil establecido entre la Secretaría de Inclusión Social y la fundación en diciembre de 2016, que tuvo una duración de 20 días y un objeto contractual que no se relaciona con los servicios legalmente establecidos por Peces Vivos, por lo que calificó la situación como un ‘regalo de navidad’.

Falencias

La secretaria de Salud, Sandra Torres, también fue citada al debate de control, allí habló sobre los comités interinstitucionales consultivos, modelo mediante el cual se busca la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.

A nivel regional estos comités están activos en 39 municipios y se está a la espera de que se reactiven en los restantes ocho, entre estos últimos se encontraría Alvarado, Cajamarca y Guamo.

La funcionaria contó que tras una serie de visitas en Venadillo, Coyaima y Purificación, se detectaron varias debilidades en el sistema como la no articulación entre las alcaldías y las comisarías, del mismo modo los municipios no estarían reportando a tiempo los casos de abuso.

Las dudas siguen creciendo 

El asambleísta y uno de los citantes, Jorge Duque, dijo que la ausencia del director regional es una actitud que genera preocupación, teniendo en cuenta que recientemente se registró un caso más de abuso sexual a una menor en Roncesvalles. Pero Duque fue más allá e indicó que conoce denuncias en las que se expone que el Icbf, regional Tolima, no cuenta con suficiente personal para apoyar los casos “los tratan de manera superficial (los afectados) mencionan que es demasiado formato y seguimiento en papelería, pero muy poco se involucra el Bienestar con las familias y los pequeños”.

El dirigente político agregó que tuvo el conocimiento de tres hechos de abuso que habrían dejado como víctimas a menores que estaban bajo la protección de la institución. Mientras que el diputado Milton Restrepo, expresó que Ríos Salazar “tiene una responsabilidad con el Tolima, con el país, porque son recursos públicos, no privados, por eso la Asamblea pide la renuncia del director del Bienestar Familiar”. Del mismo modo, contó que ante la inasistencia de un representante del Icbf, se solicitará a la Gobernación que convoque de manera extraordinaria a un Consejo de Política Social. La idea es que el acta que salga de ahí, se envíe a la Procuraduría.