Seiscientas sesenta y cinco personas de El Vergel y la urbanización Cañaveral radicaron ante el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Círculo de Ibagué una acción popular contra la mina Feldespatos.

La razón, según reza el documento, es que no se ejecutó un pacto de cumplimiento suscrito el 21 de enero de 2010 entre la Procuraduría Segunda Judicial Ambiental y Agraria del Tolima, la Personería, la sociedad Feldespatos - El Vergel, Cortolima e Ingeominas. 

“Han pasado más de cuatro años desde la fecha que se admitió la acción popular y más de tres desde que se aprobó el pacto de cumplimiento, pero seguimos afectados y los dueños de la mina no cumplieron el pacto, ni hacen nada por mitigar el impacto negativo sobre la comunidad residente en el sector adyacente”.

En el escrito también se menciona que varias veces a la semana se efectúan explosiones, afectando la estructura de las viviendas y desestabilizando la parte interna de la montaña. Todo esto, aparte de la contaminación ambiental.

“El proceso de transformación industrial de allí hace que salgan al aire miles de micropartículas de sílice, que se trasladan por el aire y son inhaladas por nosotros. Además, esta sílice produce una enfermedad llamada silicosis (mal respiratorio causado por inhalación de polvo de sílice, que conduce a inflamación y luego cicatrización del tejido pulmonar)”.

Otro de los argumentos por parte de los afectados es que el agua de la quebrada Las Panelas en varias oportunidades se ha teñido de rojo, caso similar a los afluentes de La Cascada y La Mulita.

“Es de resaltar, señor juez, que los dueños de la mina, son los mismos que han desarrollado los proyectos urbanísticos (…) y los dos no son compatibles. Luego las condiciones de cuando se dio la licencia de explotación minera, no corresponde a las de hoy, porque en esa época no había viviendas en esa zona”.

¿Cuál es la petición?

Ordenar la suspensión inmediata de la licencia y el cierre definitivo de la mina de Feldespatos - El Vergel es la petición que le hacen los afectados. 

“El problema lo han generado los propietarios de la mina y de toda la zona urbanizada adyacente (que son los mismos), el pacto no se ha cumplido y por el contrario hay situaciones que se agravaron, consideramos que hemos tenido paciencia y hemos esperado lo suficiente”, puntualiza el documento.

Adicionalmente, citan el artículo 79 de la Constitución Política, que reza: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”.